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Exigen alcaldes a diputados de Morelos aclaren el uso de 81 mdp

El documento fue firmado por los ediles de Mazatepec, Jojutla, Miacatlán, Xochitepec, Ocuituco y Tetela del Volcán, entro otros. Los alcaldes se manifestaron en contra de la reducción del 2% de las participaciones federales que les corresponde a municipios.
Jesús Castillo | Corresponsal 
22 diciembre 2016 22:55 Última actualización 23 diciembre 2016 5:0
Cuauhtémoc Blanco (Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Blanco (Cuartoscuro)

CUERNAVACA, Morelos.- Se llama Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios. En 2016 se conformó con 81 millones de pesos, y de acuerdo con el Presupuesto 2017, el año que viene se incrementará a 87 millones de pesos, dinero que es ejercido por el Congreso local de manera discrecional y sin ninguna fiscalización.

Pero ayer, 17 alcaldes morelenses dieron a conocer un documento en el cual exigen saber en qué se gastaron 81 millones de pesos en este año que termina.

“Públicamente manifestamos nuestra inconformidad que denota falta de respeto a la autonomía municipal y reducción a los recursos federales de los municipios”, dice el escrito firmado por los alcaldes, entre ellos el de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El fondo se constituye con los recursos obtenidos por la aplicación del artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la siguiente manera:

Un 1% del Fondo General de Participaciones; un 1% del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; un 1% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; un 1% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y el 1% “de los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales le distribuya la Federación al gobierno del estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo”, según el decreto que lo creó, y que está publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

La propia ley en su decreto de creación establece que dichos fondos se ejercerán “bajo criterios de estricta racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría y control de gestión que dispongan las leyes de la materia”. En la práctica es todo lo contrario.

En los hechos, ese dinero se reparte discrecionalmente según lo acuerde “el Consejo”, conformado por un presidente y cuatro consejeros, mismos que son nombrados por cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.

La ley que lo crea establece la posibilidad de que tenga gastos de operación con la única limitante de que estos no superen el 8 por ciento del total del Fondo, que funciona como una dependencia más, con la diferencia de que se encuentra “escondida” en el Poder Legislativo y opera con total opacidad.

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