SALTILLO.- Más de 30 millones de dólares obtuvo el Departamento del Tesoro estadounidense con el remate de siete propiedades que el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández tenía en tres ciudades del estado de Texas.
En los últimos cinco años, Estados Unidos ha asegurado 33.2 millones de dólares a personajes ligados a la administración que encabezara Humberto Moreira Valdés; el extesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández, el empresario de medios Rolando González Treviño y el exgobernador interino, Jorge Torres López.
Entre 2012 y 2014, una decena de propiedades, así como poco más de 9 millones de dólares que sumados daban un total de más de 40 millones de dólares, fueron incautados sólo a Villarreal Hernández, acusado de lavado de dinero y conspiración para trasladar divisas a Estados Unidos.
De agosto a octubre del presente año, el Departamento del Tesoro estadounidense remató ocho de esas 10 propiedades y logró una ganancia de 33.6 millones de dólares por la venta de bodegas, lotes comerciales, residenciales, departamentos y una mansión localizados en Brownsville, San Antonio y la Isla del Padre, en Texas.
En 2014, Estados Unidos aseguró al empresario Rolando González Treviño, 23 hectáreas en el norte de San Antonio, Texas con valor de un millón de dólares. Tras su detención en posesión de droga, se declaró culpable de conspirara para trasladar dinero de Coahuila a Texas.
La Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), incautó en 2013 al exgobernador interino, Jorge Torres López, 3.4 millones de dólares los cuales tenía en cuentas de paraísos fiscales en las Bermudas. Torres López es prófugo de la justicia estadounidense y local.
Los dos exfuncionarios de Coahuila y el empresario han pagado además miles de dólares por concepto de fianzas a la justicia estadounidense durante los procesos legales que enfrentan.
Este dinero fue objeto de la indiferencia de las autoridades estatales que no omitieron recuperarlo tras argumentar que no tienen registro de transacciones internacionales, a pesar de los señalamientos de fiscales federales norteamericanos que aseguran es propiedad del erario coahuilense.