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EPN propondrá 100 años de cárcel a funcionarios por desaparición forzada

El titular del Ejecutivo federal enviará al Senado una propuesta para castigar con 100 años de cárcel a los servidores públicos que participen o colaboren en el delito de desaparición forzada, dijo Eber Omar Betanzos Torres, subsecretario de Derechos Humanos de la PGR.
Rivelino Rueda
15 octubre 2015 17:28 Última actualización 15 octubre 2015 17:28
Eber Omar Betanzos, subsecretario de Derechos Humanos de la PGR. (Cuartoscuro)

Eber Omar Betanzos, subsecretario de Derechos Humanos de la PGR. (Cuartoscuro)

El presidente Enrique Peña Nieto enviará en los próximos días una iniciativa al Senado de la República que plantea 100 años de prisión a servidores públicos que participen o colaboren en la desaparición forzada de personas.

Eber Omar Betanzos Torres, subsecretario de Derechos Humanos de la Procuraduría general de la República (PGR), informó que el proyecto de ley del Ejecutivo federal plantea contemplar cinco supuestos en ese delito, los cuales se diferenciarán de acuerdo con el sujeto activo, el grado de participación y la intencionalidad.

Al participar en las mesas de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares, que organiza la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, el funcionario detalló que también se propone establecer que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que priva de la vida o de la libertad a un individuo y propicia o mantiene su ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o de sus restos humanos.


Betanzos Torres señaló que con ello, quien fue privado o de la libertad, queda impedido para ejercer los recursos legales y las garantías procesales pertinentes.

Puntualizó que el ordenamiento también establece que el servidor público comete este delito “cuando instruye, incita o autoriza a otro o a un particular a privar de la libertad a una persona y a propiciar o mantener su ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o de sus restos humanos”.

Mencionó que la iniciativa prevé que “lleva a cabo este ilícito la persona que por orden, autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, prive de la libertad a una persona y propicie o mantenga su ocultamiento”.