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El desacato es una práctica común: 2 mil casos en la mira

Héctor Olivos, despedido en 2007 de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, promovió un amparo que se resolvió a su favor en marzo de 2015 y el cual tampoco se ha acatado.
David Saúl Vela 
12 noviembre 2017 21:39 Última actualización 13 noviembre 2017 5:0
SCJN

(Especial)

Héctor Olivos fue despedido en 2007 de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. En junio de 2014 ganó un laudo para su reinstalación y pago de salarios caídos. Este lunes, tres años y medio después, la sentencia aún no se cumple. Como éste, la Suprema Corte tiene 2 mil expedientes de “inejecución de sentencia” en estudio.

Olivos, quien laboró más de dos décadas en la administración pública capitalina como perito contable, promovió un amparo que se resolvió a su favor en marzo de 2015 y el cual tampoco se ha acatado.

La última instancia de este sujeto es la Corte, que puede obligar a la autoridad a cumplir las sentencias o sancionarlas con la destitución y consignación por desacato.

El martes pasado, por ejemplo, la Corte destituyó a Israel Moreno como jefe delegacional en Venustiano Carranza, quien fue omiso en dar cumplimiento a un amparo.

Dicha sentencia lo obligaba a reinstalar en su puesto a cuatro verificadores delegacionales y pagarles salarios caídos.

Moreno pagó más de 7 millones de pesos a los cuatro empleados por salarios caídos, pero nunca los reinstaló, lo que le costó el puesto.

El jueves analizó dos casos similares en los que se proponía la destitución de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura federal, y Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional en Gustavo A. Madero.

De última hora, ambos funcionarios acataron los fallos de amparo.

Cumplir las sentencias de última hora se ha vuelto una práctica común, al grado que algunos ministros piden que sea sancionada.

Cifras de la SCJN resaltan que el desacato es una práctica común, y que las sentencias se cumplen cuando está a punto de resolver.

La Corte tienen alrededor de 2 mil expedientes de “inejecución de sentencia”, en los que particulares acusan a autoridades de incumplir las resoluciones judiciales.

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