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Ejército alteró escena del crimen en Tlatlaya: procurador

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, dijo que este hecho ya es investigado.
Rivelino Rueda
24 noviembre 2015 20:50 Última actualización 24 noviembre 2015 21:55
Alejandro Gómez Sánchez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

Alejandro Gómez Sánchez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya, presumiblemente elementos de Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), aseguró el procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario dijo que este hecho ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales.

Al hacer referencia a la actuación de la PGJEM en los hechos de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, en el que presuntamente fueron ejecutadas 22 personas por elementos castrenses, el procurador aseguró que la institución que preside “procesó el lugar de los hechos en los términos en que éste fue hallado”.

Además, mencionó que elementos de la procuraduría local “tomaron entrevistas de los elementos militares, quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado”.

Gómez Sánchez aseveró que “la procuraduría mexiquense atendió el comunicado que hicieron elementos militares con motivo de hechos constitutivos de delitos federales; en apoyo y auxilio del Ministerio Público de la Federación y ante la urgencia del caso, practicó las primeras diligencias”.

También aseguró que horas después de los hechos “se recabaron las primeras entrevistas de las mujeres que se encontraron en el lugar, a quienes el Ministerio Público dio la condición de víctimas y otorgó medidas de protección”.

Señaló que “tres días después de los hechos, la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República para la continuación de las investigaciones, por tratarse de hechos materia de su competencia”.

Argumentó que “las posibles omisiones, deficiencias e insuficiencias del personal de la procuraduría local sobre el procesamiento del lugar de los hechos, derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de los procesos de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes en los términos de la propia recomendación” de la CNDH.

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