CIUDAD DE MÉXICO. El Ejército y la Marina son "duramente castigados" por tener que asumir funciones que les corresponden a las policías federales, estatales y municipales, sin siquiera haber reformado el marco jurídico para sacarlos de los cuarteles a combatir a la delincuencia, señalaron expertos en seguridad y legisladores.
En el aniversario 102 del Ejército Mexicano, sus integrantes continúan trabajando en las calles para "levantar el tiradero" de gobiernos priistas, panistas y perredistas que han sido "rebasados por la delincuencia organizada", sin que se les dé un marco jurídico para hacerlo, señalaron.
Además de que Defensa Nacional y Marina fueron parte de los recortes instrumentados por el gobierno federal. A la Sedena le redujeron mil 200 millones de sus 71 mil 269 millones 654 mil 718 pesos, y a la Semar 450 millones de los 27 mil 24 millones 522 mil 576 pesos. El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, el oaxaqueño José Soto Martínez, advierte: "el Ejército y los marinos han cometido errores y excesos, es cierto, pero la culpa es de los gobiernos civiles, de los funcionarios corruptos".
Por ejemplo –aclara en entrevista con El Financiero– "por todo eso que ocurrió y que ocurre en Guerrero, no es justo que quieran entrar por la fuerza a los cuarteles militares para revisarlos. El Ejército es una institución de México y de los mexicanos que debemos cuidarla y proteger su honorabilidad".
Por los errores de los civiles, el Ejército ha pagado los platos rotos al entrar a hacer un trabajo que no le corresponde; ha tenido que ir a alzar el tiradero que los civiles dejaron...
Lamentablemente –añade el legislador– "quienes hoy tienen la responsabilidad de hacer las leyes, los diputados, los senadores, los partidos y el gobierno, en vez de acelerar las reformas en materia de seguridad y justicia, están pensando cómo hacer reformas a modo, o buscando una candidatura. Es realmente alarmante, triste e indignante. Es urgente una legislación para acotar y regular la actuación militar".
"Yo espero que, por lo menos, cumplan el compromiso y no castiguen aún más a las instituciones de seguridad con recortes al gasto", señala.
URGE REDISEÑO DEL MODELO DE PAÍS
Jorge Chabat, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), plantea que, a partir de los errores y las omisiones cometidas por los gobiernos del orden civil, "atender la inseguridad exige un rediseño del modelo de país que implica cambios constitucionales".
Para dejar a salvo al Ejército "se requieren reformas de fondo que ataquen el origen del problema: la corrupción e impunidad de las instituciones de seguridad y justicia. Todo lo demás que se haga no va a funcionar si no se resuelve este problema", advierte.
Apunta que "deben revisarse los esquemas que no funcionan. Hemos vivido con muchos mitos, cosas que no se tocan como el federalismo, el cual tiene pros y contras, y si funciona mal hay que tocarlo; discutirlo de forma seria y sin tabúes. Existe el riesgo de que la corrupción e impunidad prevalezcan, aunque haya un Mando Único".
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INDISPENSABLE REFORMAR MARCO LEGAL
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, Omar Fayad Meneses, sostiene: "las tareas que realiza hoy el Ejército en materia de seguridad son absolutamente necesarias y no se puede ni se debe generalizar una crítica sólo porque algunos de sus elementos cometieron una falta o un delito".
Aseguró el Ejército y Marina "debe seguir en las calles hasta que se logre una policía segura, honesta, preparada, que hoy está infiltrada por el crimen".
Recalcó que "es indispensable acelerar las reformas en materia de seguridad y justicia para el control y profesionalización de los cuerpos policiacos, y con ello regresar a los militares a sus cuarteles".
EL PAÍS VIVE CRISIS DE INSEGURIDAD
Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, señaló que las críticas no son para el Ejército, son para el gobierno y "vienen a partir de que, más allá de lo que ellos han llamado "verdad histórica", la verdad real es que ahí hubo colusión de funcionarios públicos con criminales y que en Ayotzinapa queda una herida abierta en la historia mexicana".
El país atraviesa una crisis de inseguridad, justicia y legalidad de tal magnitud, que ha puesto en jaque las condiciones de gobernabilidad y democracia...
Isabel Miranda de Wallace, dirigente de Alto al Secuestro SC, apunta que la situación de descrédito del Ejército se debe a que actúa bajo un vacío legal, y porque entre los gobiernos civiles impera la corrupción, "la madre de todos los males, un cáncer que nos ha carcomido y ha llevado a que la delincuencia se apodere de municipios y de estados completos".
"Puede haber soldados que cometan abusos o excesos, pero no por ello se debe descalificar y maltratar a la institución; al contrario, se debe trabajar en las leyes que la regulen", dijo y agregó que otro problema grave en el país es no tener indicadores ni evaluaciones de seguridad.