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División de poderes es crucial, sostiene Otálora Malassis

Ante el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar , manifestó que entre los poderes se deben limitar y moderar recíprocamente, como parte del sistema de pesos y contrapesos.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, enfatizó que la división de poderes es crucial en un Estado democrático, por lo que a los tribunales les corresponde eliminar cualquier posibilidad de actuaciones arbitrarias.

Ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, manifestó que entre los poderes se deben limitar y moderar recíprocamente, como parte del sistema de pesos y contrapesos.

"Entre ellos –los poderes– debe existir un equilibrio fundamental sin que pueda afirmarse la preeminencia de ninguno de ellos, ni rivalidad entre los mismos, sino el ejercicio de funciones y atribuciones que se complementan y permiten la realización de los valores supremos del Estado democrático", manifestó.

Al participar en la IX Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales indicó que, bajo este esquema de equilibrios, la atribución principal del Poder Judicial de la Federación es la de ser garante del derecho y del respeto a la Constitución.

En ese sentido, insistió, como lo hizo al entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, que los tribunales deben proteger la legalidad y los derechos de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna.

"Las cortes y los tribunales están llamados a proteger la legalidad y los derechos, imponiendo límites al ejercicio del poder y eliminando la posibilidad de alguna actuación arbitraria. De ahí el origen y justificación del control judicial, que no es más que el control sobre la constitucionalidad y la legalidad de las decisiones que expresan la voluntad política de los poderes Ejecutivo y Legislativo", remarcó.

La magistrada presidenta señaló que las sentencias del Tribunal Electoral contribuyen a la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos y consolidan a la democracia como el patrimonio de los presentes y de las futuras generaciones, "por lo que por su valor jurídico, nuestras sentencias son conservadas en nuestro sistema de archivos conforme a la normatividad vigente".

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