CIUDAD DE MÉXICO.- Para aclarar las condiciones de la licitación, contrato y aplicación de las fotomultas a automovilistas del Distrito Federal por parte de una empresa privada, la diputada Aleida Alavez Ruiz pedirá que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada, comparezca ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La legisladora de Morena afirmó que debe haber total transparencia en la aplicación de este tipo de multas, ya que la poca claridad con que se
hace está generando el enojo de cientos de conductores, entre quienes
hay que denuncian que las están recibiendo sin información precisa del
lugar, hora y motivo de la infracción.
Alavez Ruiz adelantó que presentará un punto de acuerdo ante la Diputación Permanente para solicitar que el titular de la SSPDF, Hiram Almeida, comparezca ante la Comisión de Seguridad Pública y explique detalladamente el proceso de licitación y contrato firmado con la empresa concesionaria Autotraffic, en el que además se le concede 46 por ciento de lo recaudado por las fotomultas, "lo que nos parece inconcebible y debe ser aclarado".
Dijo también que el procedimiento aplicado hasta el momento se presta
a suspicacias de diversa índole, como el interés de cubrir la cuota de
150 mil fotomultas estimadas por la empresa para recuperar su
inversión en dos años, sin importarle que con ello afecte a los miles
de automovilistas que circulan diariamente por la Ciudad de México.
De igual forma lamentó que siga creciendo la tendencia de delegar a
particulares funciones que debe desempeñar la administración pública
del Distrito Federal, "porque los empresarios sólo velan por sus
intereses económicos y no por los de los ciudadanos.
"Este tipo de concesiones desvirtúan la función del servicio público y
supeditan a la autoridad a los intereses de las empresas
concesionarias, dejando de lado el interés común", señaló.
Aclaró que su petición busca que los automovilistas tengan claridad en
todo el proceso de las fotomultas y evitar que se cometan atropellos,
toda vez que estas sanciones no las aplican las autoridades, sino una
empresa privada cuyo único interés es el económico.
Por último, manifestó que esta modalidad evidencia un fin recaudador y
comercial, y no el de impulsar valores cívicos o de ordenar el
tránsito en la ciudad de México.