La Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas informó que el Juez Tercero del Ramo Penal dictó auto de formal prisión al ex alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, y dos de sus escoltas por diversos delitos.
En un comunicado, indicó que el juez con sede en la penitenciaria "El Amate" dio a conocer la determinación por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa.
En el marco del expediente penal 09/2015, la autoridad judicial consideró que existen los elementos suficientes para considerarlos como probables responsables por los hechos registrados en el municipio Jitotol el 23 de diciembre pasado.
Junto con el ex alcalde de Pueblo Nuevo también son procesados Isaí Díaz Díaz y Jony Roxano Díaz Díaz, quienes se desempeñaban como escoltas del ex funcionario.
De acuerdo con las indagaciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, los presuntos responsables fueron plenamente identificados por las víctimas y diversos testigos de los hechos.
Además argumentó que las imágenes del circuito de videovigilancia, que obran en la indagatoria, muestran el actuar de los implicados al interior del restaurante denominado Siempre Verde.
En el lugar, su propietario Édgar Belisario Fonseca García, acompañado de Héctor Constantino Rendís Trujillo y Alejandro García Gil, fueron detenidos de forma ilegal por 30 sujetos que portaban armas de fuego, vestían de civil y viajaban en camionetas particulares.
En ese momento, el entonces presidente municipal se dirigió al empresario Édgar Belisario Fonseca, a quien le reclamó por la supuesta autoría intelectual de la publicación de un texto en su contra, instruyendo al grupo que lo acompañaba a detener a las tres víctimas, a quienes trasladaron a bordo de unas camionetas.
En un primer momento fueron llevados a la cárcel municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y después al Auditorio Municipal donde permanecieron privados de su libertad, siendo torturados y obligados a firmar un documento en el que se comprometían a no seguir la divulgación de dicha nota.
Ante ello, la procuraduría atendió la denuncia presentada por los agraviados y dio inicio al desahogo de las diligencias correspondientes.