Cuando el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, llegó al cargo el 1 de octubre de 2012, una de sus primeras acciones fue gestionar un crédito para ayudar a los 33 municipios; cuando el dinero llegó, ni un municipio vio un centavo... pagó nóminas de maestros, deudas de la administración anterior e, incluso, la remodelación de un estadio de futbol.
Pese a que el artículo 5º de la Ley de Deuda Pública del Estado establece que los créditos no pueden destinarse más que a proyectos productivos, Graco lo utilizó para pagar gasto corriente.
Por esto, en marzo de 2015 Graco fue denunciado ante la PGR de peculado y uso indebido de atribuciones –A.P./PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-X/066/2015–, denuncia que actualmente sigue su curso; él ha interpuesto 3 amparos.
Graco Ramírez solicitó un crédito por dos mil 806 millones de pesos, a los que se les sumaron "gastos financieros, impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos de cobertura de tasas" y se convirtieron en cuatro mil 184 millones 933 mil 348.86 pesos, que los morelenses deberán pagar durante 20 años.
El objetivo de este crédito, de acuerdo con Graco, era "ayudar a las finanzas de los 33 municipios". Para ello habló de un "pacto hacendario", con el que cada municipio accedería a recursos del crédito. Solicitó a los munícipes que le informaran de su posición financiera para hacer el préstamo; sólo 4 lo hicieron y los otros 29 no solicitaron el endeudamiento. Pese a ello, en mayo de 2013 el gobernador envió al Congreso local una solicitud de decreto en el que solicitó créditos a nombre de los 33 municipios. Para convencer a los diputados les ofreció 500 millones de pesos "para construir una nueva sede del Poder Legislativo". El gobernador recibió dos mil 806 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos –El Financiero tiene copia–, la mayor parte fue destinada para pagar deudas de la anterior administración y sueldos de maestros.
Los diputados de la LIII Legislatura exigieron la presencia de la secretaria de hacienda de Morelos, Adriana Flores, quien entregó documentación oficial en la que, a decir del diputado local del PRI, Alberto Martínez, se aprecia "el desvió del crédito por 2 mil 806 millones de pesos".