Destituyen a 3 empleados ligados a homicidio de juez federal
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Destituyen a 3 empleados ligados a homicidio de juez federal

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Nacional

Destituyen a 3 empleados ligados a homicidio de juez federal

Los tres ex servidores públicos, cuyos nombres no fueron revelados, fueron inhabilitados por 20 años, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

David Saúl Vela
25/10/2017
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tres empleados del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, presuntamente implicados en el homicidio del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para el ejercicio de la función pública.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que esta sanción administrativa fue tomada por la Comisión de Disciplina quién encontró elementos suficientes para acreditar irregularidades en el desempeño de las funciones de estos tres servidores públicos, cuyos nombres no reveló.

"Esta instancia del CJF actuó con todo profesionalismo y rigor en las investigaciones administrativas, como lo mandata la Constitución y la normatividad de este cuerpo colegiado. La decisión de la Comisión de Disciplina puede ser recurrida internamente", precisó el CJF.

La investigaciones iniciadas a raíz del homicidio de Bermúdez Zacarías advierten que entre los sancionados estarían las actuarías del Juzgado, Ana Lilia Coyote Colín y Mayumi Guadalupe Sánchez, esta última esposa de juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez Zacarías en la titularidad del Juzgado Quinto.

Dichas empleada y otros, habían sido reportadas ante el CJF por el juez seis meses antes de su asesinato. En su acusación reveló las anomalías que encontró a su llegada al Juzgado es que la sospechosas visitaban a diversos reos en el penal federal del Altiplano, presuntamente avaladas por su antecesor el juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez.

De la investigación penal por la ejecución del juez Bermúdez Zacarías, el CJF no ha revelado si ya hay sanciones penales.

El juez fue asesinado cerca de su domicilio en Metepec, en agosto del año pasado; el presidente Enrique Peña pidió a la Procuraduría General de la República atraer la investigación.

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