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Desmantelan red de venta de menores en Sonora; hay funcionarios implicados

El procurador de Sonora informó que en la red operaba el subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y se investiga pues habría más funcionarios coludidos; la red habría vendido a por lo menos 9 menores por cantidades que oscilan entre los 80 y los 150 mil pesos.

HERMOSILLO. El Procurador de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich, informó que se desarmó una red de personas dedicadas a la venta de menores de edad en la entidad y en la que estaban involucrados algunos funcionarios.

El funcionario estatal informó que se liberaron 16 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre ellos Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se desempeñaba como subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, responsable de la línea Protege.

También se giró orden de aprehensión contra de José Manuel Hernández López, de 38 años de edad. Ambos son señalados de vender a por lo menos nueve niños por cantidades que oscilan entre los 80 y los 150 mil pesos.

El funcionario explicó que no se configuró el delito de trata de personas porque los menores no eran sujetos de explotación, sino que el modus operandi era sustraer menores recién nacidos de madres que no querían o no podían hacerse cargo de ellos, entregándolos a cambio de dinero a familias o mujeres para que los registraran como hijos propios ante el Registro Civil.

También comentó que la información relativa a los menores y las familias que los compraron para criarlos como propios se mantendrá en reserva y que se mantiene abierta la investigación, pues existe la sospecha de que hay más funcionarios del gobierno de Sonora implicados, en especial en el sector Salud, pues los menores de edad nacieron casi todos en el Hospital de la Mujer de Hermosillo que emitía la fe de nacimiento a fin de que pudieran ser registrados.

Dijo que a las dos personas que aparecen como responsables en la investigación se les han levantado cargos por delitos que pueden ser considerados muy graves, como trafico de menores e incumplimiento de responsabilidad.

En tanto que a los padres de familia que resultaron implicados y que formaban parte del listado de personas que buscaban adoptar a un niño y que por esta vía los registraron como propios, también se levantarán cargos y se les retirará custodia de los menores.

Explicó que la investigación continúa abierta y que se sospecha que podría haber más niños que pudieron ser vendidos, pues esta red de tráfico de menores operaba al menos desde el año 2012, fecha en la que se tiene documentado el primer caso.

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