Sólo 25 de las 741 denuncias por irregularidades en la administración pública federal, interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 1998 a 2017, derivaron en acción penal, lo que representa el 3.3 por ciento de las denuncias totales, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con el comisionado Joel Salas Suárez, las irregularidades representan un monto de más de 41 mil 977 millones de pesos. De éstas, 636 se encuentran en integración ante el Ministerio Público, 18 en amparo y sólo hay 25 en las que se ejerció acción penal.
Esta información se dio a conocer por una solicitud de revisión en el INAI, en la que se pedía a la ASF conocer la totalidad de denuncias penales que han presentado con respecto a las cuentas públicas desde 1998 hasta 2016.
Por cada una requirió el número de averiguación previa, año de cuenta pública, número o clave de auditoría, entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto económico de daño hacendario detectado, delitos denunciados, fondos federales en los que se detectaron las irregularidades, tipo de irregularidad detectada y el estado de la denuncia.
El sujeto obligado clasificó como reservado el número de averiguación previa, y manifestó inexistencia de información para las cuentas públicas de 2015 y 2016 e incompetencia para conocer el monto económico del daño hacendario, los delitos denunciados, el tipo de irregularidad detectada, así como el estado de la denuncia.
Sin embargo, el INAI destacó que la reserva no forma parte de las actividades de la ASF y no revela las actividades de investigación; tampoco afecta las actividades de prevención o persecución de delitos, ni viola la presunción de inocencia, pues se trata del medio de identificación de las averiguaciones previas que obran en los archivos de la PGR.
El INAI destacó que se cuenta con otras expresiones documentales a partir de las cuales puede recabar los datos solicitados, como sus propios informes de la cuenta pública, así como los escritos de denuncia que obran en los expedientes derivados de las diligencias probatorias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.