LA PAZ.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Instituto de Avaluó de Bienes Nacionales, procedió en contra del exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, al asegurar el predio Santa Anita Fracción 2.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la puesta a disposición del terreno nacional, ubicado en el municipio de Los Cabos y que, supuestamente, tiene una superficie de 68 hectáreas.
Según la publicación hecha por el Diario Oficial de la Federación, el 27 de agosto de 1998, Agúndez hizo una solicitud para hacer un cambio de uso de suelo y quedarse con el terreno nacional, esto poco antes de que se convirtiera en alcalde del municipio de Los Cabos.
Fue la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy en día conocida como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la instancia que recibió la solicitud de Agúndez Montaño y ordenó la enajenación onerosa de un terreno propiedad de la nación llamado Santa Anita con una superficie de 100 hectáreas.
Agúndez informó contar con el predio con clave catastral 4-01-029-0048 con una superficie de 100 hectáreas.
La entonces Secretaría de la Reforma Agraria emitió un acuerdo de procedencia de solicitud de Narciso Agúndez, sin embargo, ya no eran 100 sino 273.53 hectáreas la superficie que abarcaba el predio.
Por tal motivo, el caso fue remitido a la Dirección de Regularización de la Propiedad –actualmente conocida como Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural- donde 7 meses después, tras investigaciones, se detectaron irregularidades en la documentación remitida por lo que el proceso de enajenación onerosa del bien nacional fue detenido.
El trabajo de la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural resultó en el dictamen VII-107-B:716578, el cual resolvió que el predio Santa Anita Fracción 2 tiene una superficie de 202.96 hectáreas y es propiedad de la nación.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitió un dictamen en el que se estableció como valor conclusivo total del predio el de 202 millones 91 mil 354 pesos.
Ante la resolución del valor del terreno, Narciso Agúndez a través de su representante legal, Luis Hernández Rodríguez, presentó en marzo del 2010 una inconformidad con la emisión del Dictamen Valuatorio.
El 28 de noviembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que en su artículo Cuarto Transitorio estableció lo siguiente:
"...Los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales que tengan expediente instaurado en la Secretaría, contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento para actualizar su solicitud. Para tal efecto, deberán presentar copia de la misma, constancia actualizada de posesión, croquis o plano del predio de que se trate, con la identificación de la superficie y colindancias.Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo primero, se ordenara el archivo de los expedientes de solicitudes de terrenos nacionales que no hubieren presentado su actualización..."(sic).
En su publicación, el Diario Oficial detalla que Narciso Agúndez Montaño desistió al no presentar la actualización de su solicitud en términos del artículo citado, en el plazo de noviembre del 2012 al 29 de mayo del 2013.
Por tal motivo, el 9 de marzo de 2018 el exgobernador fue notificado sobre el fallo para efecto legal del retiro del predio de la propiedad.
La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Sedatu y el Fonatur solicitaron con fundamento en los artículos 157, 158, 160, 161 y 162 de la Ley Agraria, 112 y demás relativos aplicables al Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, poner a disposición de Fonatur el predio Santa Anita.
La SHCP, por medio de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, puso a su disposición 68.01 hectáreas del predio Santa Anita, mientras que Sedatu se quedó con las 134.94 hectáreas restantes.
Ante esta situación, Narcisó Agúndez negó en una entrevista con medios locales haber recibido alguna notificación de embargo por parte de ninguna autoridad. El exgobernador se dijo sorprendido por la noticia puesto que, asegura, no hay argumento legal para el despojo y recalcó que posee todos los documentos legales que le acreditan la propiedad.
"Vivo modestamente, no traigo guarura, no traigo chofer. Mi conciencia está tranquila, por eso no tengo que estarme cuidando de nadie. Este terreno fue una herencia de mi padre, él lo estuvo desarrollando", dijo el exmandatario.
Según el exgobernador, el predio fue propiedad de su abuelo, Arturo Montaño, quien al morir lo transfirió a su hijo Gerardo Montaño.
Su argumento explico que Gerardo Montaño, hermano de su madre, fue quien le heredó el predio Santa Anita desde hace más de 30 años. Además afirma que regularizó el terreno antes de convertirse en presidente municipal de Los Cabos, diputado federal y gobernador de Baja California Sur.
Por último, Agúndez Montaño negó que Santa Anita sea un predio de propiedad nacional y manifestó que posee la documentación que demuestra que el terreno dejó de ser del dominio de México desde 1860.
"Dejamos un buen antecedente como gobernador y nuestros adversarios, que no tengo duda que son los panistas, andan hambrientos y con sed de mantener el poder", comentó el exgobernador.