CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro Arturo Zaldívar calificó de histórica la decisión que tomó la Suprema Corte en torno a la publicidad gubernamental, pues aseguró que ésta ataca la censura indirecta que existe desde el gobierno contra medios de comunicación hostiles o no favorables.
"El que no haya claridad y no se esté reglamentando el ejercicio de los gastos de la publicidad oficial genera censuras indirectas a través de premiar o castigar, al no dar recursos o dar menos recursos a ciertos medios que pueden ser hostiles o no favorables a ciertas posturas de determinados gobiernos", dijo el ministro.
En conferencia explicó que lo que se busca con esta sentencia es que el Congreso de la Unión emita una reglamentación que de claridad, eficacia y transparencia al gasto del gobierno en materia de publicidad, el cual debe ser equitativo.
Y es que advirtió que cuando no hay claridad en estas tema se afecta la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a la información, porque no tienen acceso a un debate democrático.
"Esto afecta la información que tenemos al estar tergiversada o haber ciertos temas que no se tocan debió a las consecuencias que trae el premio o castigo a partir de los gastos en publicidad", insistió en ministro, quien fue ponente en el
expediente aprobado por mayoría de cuatro votos a uno.
El ministro Zaldívar explicó que la decisión es también un "parte aguas" en la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía porque es la primera vez que, a partir de un amparo, se obliga a uno de los poderes a cumplir con la Constitución.
Asimismo, a pregunta expresa, llamó al Congreso de la Unión acatar el fallo de la Suprema Corte que se dio con motivo del amparo que promovió la organización no gubernamental Artículo 19.
"Yo exhorto al Poder Legislativo a que cumpla con la sentencia. No me gustaría hablar en este momento de incumplimiento, porque me parece que si queremos seguir avanzando hacia un Estado democrático, hacia un Estado en el que efectivamente se cumpla el Estado de Derecho, la discusión sobre un incumplimiento ni siquiera tendría que estar en el tapete, no habría razón para que no se cumpla con la sentencia", concluyó.