El vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rafael Hernández Soriano, del PRD, llamó al gobierno federal a tratar de recuperar los millones de pesos que se robaron los gobernadores que se encuentran en procesos judicial o prófugos de la justicia.
"El compromiso del titular del Ejecutivo es mayor, no se limita a anunciar que combate la impunidad e iniciar el proceso en contra de exmandatarios, entre ellos Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Andrés Granier, Jesús Reyna, Eugenio Hernández y Guillermo Padrés, sino articular una estrategia clara y contundente para recuperar el dinero público robado en beneficio de estos priistas y del panista Guillermo Padrés", dijo.
Reclamó que "es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto, salpicado por la corrupción y la impunidad, recupere en beneficio de las arcas públicas los miles de millones de pesos robados por gobernadores ahora presos o en procesos de investigación, así como por funcionarios federales involucrados en estafas o daño patrimonial".
"El sexenio de Peña Nieto transitará a la historia como el de la violencia desbordada, la desbocada consigna de saquear las arcas públicas en beneficio particular y para campañas políticas del PRI, para beneficiar a empresas a quienes se les tolera desarrollar infraestructura defectuosa y se les duplican pagos, como es el caso de la SCT", afirmó el diputado federal del PRD.
Recordó que "sólo en el 2016 algunos medios informativos que han llevado el recuento de los exgobernadores acusados de peculado, enriquecimiento ilícito y de desviar dinero público a campañas electorales del PRI superaban los 186 mil millones de pesos".
"A ello se sumarían tal vez otros 7 mil millones más de la llamada 'Estafa Maestra', investigación en curso que involucra a la SEP y universidades públicas que operaron bajo un sofisticado esquema para realizar subcontrataciones con empresas fantasma, de acuerdo a información adjudicada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)".
Respecto a los exmandatarios que son investigados por desvíos de recursos y enriquecimiento ilegal, están -dijo- Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Sandoval (Nayarit), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Rolando Zapata (Yucatán), Fausto Vallejo (Michoacán), Mario Anguiano (Colima), Jorge Herrera Caldera (Durango), todos señalados por la ASF.
"Si acumulamos los montos del desfalco a las arcas del país, son sumas millonarias que deben ser recuperadas, no basta con señalar los excesos del poder y dejar que desde prisión o al seguir sus procesos en libertad, disfruten del dinero saqueado al país", expresó.
El también integrante de las comisiones de Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que "hay responsabilidad del gobierno federal en el aumento de la corrupción, porque permite que los involucrados gocen de la impunidad del fuero constitucional o la protección del sistema priista, omite actuar judicialmente con agilidad y permite que los imputados huyan o los protege el PRI".
Explicó que "la tradición de los gobiernos del PRI es sacrificar a algunos de sus integrantes y permitir que otros más sigan con el saqueo del erario público, pero eso es insuficiente en esta época, donde gracias a investigaciones periodísticas, a la mayor participación de organizaciones civiles enfocadas a la exigencia de rendición de cuentas y a la presión de la oposición, quedan al descubiertos más fraudes del viejo régimen que se presentó como nuevo PRI".
Por eso "ahora exigimos que el dinero público robado se reintegre a la federación y se sancione a los responsables; Peña Nieto tiene una gran deuda con el México que sí quiere una transformación democrática y de leyes", subrayó Hernández Soriano.