CIUDAD DE MÉXICO. Impulsar la cultura de la legalidad debe identificarse con el respeto y la promoción de los derechos humanos, coincidieron el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián.
Al inaugurar el ciclo de conferencias: "Formación en Derechos Humanos para Contralores Internos de la Administración Pública Federal", ambos señalaron que los funcionarios públicos tienen la obligación de honrar los principios de la reforma constitucional que, desde 2011, colocó a la dignidad de la persona en el centro de la actividad gubernamental.
Campa Cifrián manifestó que una política apegada al Estado de Derecho siempre fortalece la legitimidad de las instituciones públicas y, con ello, se elimina la informalidad, los acuerdos al margen de la ley, así como la impunidad.
Resaltó que cada vez es más claro, en la experiencia de los gobiernos democráticos, que el respeto y salvaguarda de los derechos humanos es una condición para el desarrollo y la estabilidad social.
Por su parte, Andrade Martínez se comprometió a poner los conocimientos y metodologías de vigilancia al servicio de los derechos humanos, para así cumplir con esta política de Estado y establecer una dinámica integral que se refleje en el ejercicio diario de gobierno.
Resaltó que en los programas de trabajo 2016-2018 se incluirá la variable de los derechos humanos, como un indicador del cumplimiento de los servidores públicos.
Aseguró que todos los responsables del seguimiento y control interno del gobierno deben conocer a profundidad la filosofía, el origen y las expectativas que se tienen en materia de respeto a los derechos fundamentales.