Corte acepta tres controversias contra Ley de Comunicación Social
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Corte acepta tres controversias contra Ley de Comunicación Social

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Corte acepta tres controversias contra Ley de Comunicación Social

Las demandas fueron presentadas por la CNDH, algunos senadores, así como por la dirigencia del Movimiento Ciudadano.

El ministro Fernando Franco González-Salas no dictó ninguna suspensión provisional o temporal, ni se le dará atención prioritaria

David Saúl Vela
21/06/2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Franco González-Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio entrada a tres acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra la Ley General de Comunicación Social, conocida como 'Ley Chayote'.

Dicha ley fue aprobada el 25 de abril, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada por la Corte que ordenó al Legislativo expedir la ley reglamentaria de la fracción octava del artículo 134 de la Constitución.

Según las notificaciones de la SCJN, el ministro Franco González-Salas no dictó ninguna suspensión provisional o temporal, ni se le dará atención prioritaria, por lo que su resolución podría tardar varios meses.

Las demandas fueron presentadas hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), algunos senadores, así como por la dirigencia del Movimiento Ciudadano.

El presidente de la República y el Congreso de la Unión, quienes fueron señalados como autoridades responsables, tiene un plazo de 15 días hábiles para entregar sus informes justificados.

Al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de diputados y senadores, se les requirió también una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

Dichos antecedentes deben incluir la iniciativa, dictámenes de las comisiones correspondientes, actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates.

El ministro Franco González-Salas apercibió a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa, e instruyó a dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que formule el pedimento que le corresponde.

Los promoventes alegaron que pese a la ley, el Ejecutivo aún tendría un discrecional del gasto en materia de comunicación social, por lo que solicitaron declarar la invalidez del decreto por el que se expidió dicha ley.

En su demanda, la CNDH impugnó además la constitucionalidad de varias disposiciones de la norma citada, que considera violatorios de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.