CIUDAD DE MÉXICO.- La Contraloría General de la Ciudad de México, de junio a agosto de este año, impuso 492 sanciones administrativas, aplicando multas con una suma total cercana a los 50 millones de pesos.
En el tercer bloque de sanciones de este año, que van desde apercibimientos, amonestaciones y suspensiones, hasta destituciones e inhabilitaciones a servidores de la administración pública local, comparado con los dos anteriores, hubo un incremento del 28 por ciento en imposición de multas.
La Contraloría General impuso 36 sanciones económicas a un mismo número de personas servidoras públicas por un monto total de 48 millones 011 mil 273 pesos. En dependencias y órganos desconcentrados se sancionó a 293 personas servidoras públicas, en delegaciones a 82 y en entidades a 117.
Entre las sanciones, destacan las de cuatro directores generales en delegaciones con inhabilitación de uno a tres años y dos sanciones económicas; de igual forma a 10 directores de área con inhabilitación que van de uno a 10 años; una destitución y seis sanciones económicas, en las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Sistema de Movilidad 1 (M1) –antes RTP–, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), SERVIMET, Servicios de Salud Pública y en las delegaciones Cuauhtémoc y Cuajimalpa.
También se inhabilitó a cinco gerentes por el término de un año y una sanción económica, en Sistema de Transporte Colectivo, M1 –antes RTP– y Servicio de Transportes Eléctricos.
Destituyó a cinco de los sancionados e inhabilitó a 52 por periodos de tiempo que van de uno hasta 10 años; suspendió a 167 –desde tres hasta 90 días en sueldo y funciones–; giró 246 amonestaciones, de las cuales 132 fueron públicas y 26 apercibimientos de los que 18 son públicos.
La dependencia continuará ejecutando las sanciones que correspondan, atendiendo las denuncias presentadas ante esta instancia, lo que implica observar todas y cada una de las etapas procesales, tales como la radicación de los expedientes de investigación, notificación de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos), concluyendo con la emisión de la resolución administrativa al caso concreto.