Nacional

Constitución de CDMX garantiza sexo seguro, mendicidad, ambulantaje...

Se plantea que la CDMX será solidaria, democrática, educadora, incluyente. Lo que nunca establece son los mecanismos para llevarlo a cabo.
Héctor Gutiérrez
05 octubre 2016 23:41 Última actualización 06 octubre 2016 7:59
Diputados constituyentes votaron esta tarde durante la sesión de la Asamblea Constituyente para elegir a  Alejandro Encinas como nuevo presidente de la mesa, siendo Clara Brugada, primera secretaria de la misma. (cuartoscuro)

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, entregó el proyecto de Constitución al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara. (Archivo/Edgar López)

CIUDAD DE MÉXICO.- Por mandato constitucional –de ser aprobado en sus términos por la Asamblea Constituyente–, los capitalinos tendrán garantizado el derecho a la mendicidad, al comercio callejero y “a una sexualidad plena en condiciones seguras”.

Se plantea en el proyecto de Constitución que la Ciudad de México será “democrática, educadora, solidaria, productiva, incluyente, habitable, sostenible, segura y saludable”, además de establecer la elevación de los ingresos de los trabajadores y el resguardo de los periodistas perseguidos “de otras entidades”, quienes “encontrarán (aquí) refugio para vivir y trabajar”. Sin embargo, nunca se establecen ni tampoco de dónde se obtendrán los recursos para ello.

“Confío en que la población de la ciudad se apropiará de este proyecto de Carta Magna, y una vez aprobada la convertirá en una herramienta para su realización individual y colectiva”, señala el jefe del Gobierno en la exposición de motivos del Proyecto de Constitución Política de la CDMX.

en el texto

De acuerdo con un estudio elaborado por constitucionalistas, asesores parlamentarios del Senado y académicos del CIDE, se concluye que en este texto “no hay una asignación concreta de responsabilidades administrativas y legales de las autoridades de la ciudad, ni de alcaldías, para su cumplimiento, y no se observan reglas específicas acerca de las prioridades presupuestarias para su realización”.

En El Financiero, Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces IFE, analizó el proyecto y en su columna titulada “Populismo constitucional” señala que, en la sección de derechos de los capitalinos, el documento ocupa 30 páginas y 10 mil 800 palabras, mientras que el de las obligaciones de los mismos tan sólo se le dedicaron 206 palabras, que ocupan media página.

Y establece que “los redactores ‘progresistas’ de la Constitución presumen sensibilidad social, sin darse cuenta de que prometer sin cumplir conduce al enojo, a la alienación, al descrédito y perjudica a quienes menos tienen”.

Además pregunta: ¿Qué haría la autoridad para dar respuesta a 10 mil o 100 mil capitalinos que acudan a instancias judiciales porque carecen de una renta justa, como es el caso hoy?

Y es que, por ejemplo, en Título Primero Carta de Derechos hay artículos como el 12 Ciudad Democrática, inciso A, que garantiza el “derecho a la buena administración pública y a que las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable”.

Otro ejemplo es el artículo 13 Ciudad Educadora y del Conocimiento, en cuyo inciso B Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, garantiza que “toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios”.

O el artículo 14, Ciudad Solidaria, en cuyo inciso B. Derecho a la vida digna, se garantiza que toda persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una renta básica dando prioridad a las personas en situación de pobreza, y aquellas que no puedan satisfacer sus necesidades por medios propios”.

A las “personas en situación de calle” se les garantía el derecho a “no sufrir reclusión o desplazamientos forzados ni a ser obligados a tratamientos de rehabilitación, a trabajar o a ser institucionalizados sin su autorización; y a no ser perseguidos por conductas no constitutivas de delitos”.

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