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Congreso del Edomex elimina asignación de recursos discrecionales

La Jucopo de la Legislatura eliminó el PAC, que consiste en la asignación, a los 75 diputados, de 2.5 millones de pesos anuales, cuyo destino no se comprueba.

TOLUCA.- La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México acordó suspender el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) que consiste en la asignación, por medio del Ejecutivo estatal a los 75 diputados, de 2.5 millones de pesos anuales para ser ejercidos en sus comunidades y que, de manera global, representaban 187 mdp sin comprobación alguna de cómo se habían ejercido.

De los 32 estados en el país, sólo la entidad cuenta con un programa de esta naturaleza. Fue creado desde hace 40 años en la administración del priista y profesor, Carlos Hank González (1969-1975), quien decidió destinar recursos del Poder Ejecutivo para que los diputados locales trabajaran en los periodos de receso en sus distritos electorales.

La diputada Brenda Escamilla Sámano leyó el acuerdo que previamente fue acordado por los siete coordinadores parlamentarios que firmaron el compromiso no disponer más de estos recursos.

De mantenerse vigente, la fracción de Morena, con sus 38 representantes pudieron haber dispuesto de 95 millones de pesos anuales; al PRI, 30 millones de pesos, el PT con 27.5 millones de pesos; Encuentro Social, 25 millones de pesos; PAN, 17.5 millones de pesos; el PRD y al PVEM con dos legisladores, cinco millones de pesos cada uno.

Se prevé que, para el Paquete Fiscal 2019, los más de 187 millones de pesos que representaba el PAC sean reasignados.

El acuerdo señala que a pesar de que la Legislatura cuenta con el mayor número de representantes populares a nivel país (75), los esfuerzos de cada uno en los 125 municipios no alcanzan a cubrir las necesidades, pero los recursos pueden ser orientados a acciones concretas para garantizar mejores condiciones de vida.

En la Legislatura anterior, y otras más atrás, diputados de oposición habían pugnado por su eliminación ya que por los tres años de gestión eran usados de manera discrecional 562.5 millones de pesos ya que no existe disposición legal o normativa que obligue a comprobar la atención a necesidades ciudadanas.

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