Congreso de Nayarit aprueba juicio político contra exgobernador

TEPIC.- El Congreso de Nayarit aprobó iniciar un juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, a pesar del voto en contra de diputados del PRI y Morena.

De esta forma seis diputados votaron en contra: cuatro del PRI, Avelino Marcelo Aguirre, Lucio Santana, María Belloso y su líder de bancada, Juan Carlos Ríos Lara, ex presidente estatal del tricolor, durante la gubernatura de Sandoval.

Pero hubo priistas que votaron a favor del procedimiento, como las diputadas Ivonne Díaz, Karla Flores y Jesús Vélez.

Del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Salcedo votó en contra del juicio político y la diputada Claudia Cruz Dionisio se abstuvo.

Votaron 29 de 30 legisladores, 22 a favor, seis en contra, una abstención y la inasistencia del diputado Jorge Ortíz del PT.

El exgobernador fue señalado por ciudadanos que documentaron en los expedientes JP/CE/07/2017 y JP/CE/06/2017 por desviación de manejo irregular de recursos, violaciones graves a la Constitución estatal y otras leyes -como la electoral-ademas de actos y omisiones en su desempeño como mandatario.

Además del procedimiento contra Sandoval Castañeda, también se hará sobre exfuncionarios estatales, y cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de quienes también se busca su destitución.

Este proceso se prevé en los artículos 17-párrafo tercero- y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y será la Comisión del Gran Jurado, Sección Instructora quien practique las diligencias para juzgar a los señalados.

Los exfuncionarios a investigar son Mario Alberto Pacheco Ventura, exsecretario de Administración y Finanzas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, exsecretario de la Contraloría del Estado; Héctor Salome Parra Zavala, exdirector general del Fondo de Pensiones, y los magistrados Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, de estos cuatro se argumentan presuntos actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.