Nacional

Congreso de Chihuahua aprueba Sistema Anticorrupción

El Sistema se implementa como un mecanismo de coordinación y colaboración entre las instancias gubernamentales y ciudadanas, para prevenir y combatir las prácticas deshonestas de servidores públicos. 

CHIHUAHUA.- El Congreso del Estado aprobó esta tarde la reforma constitucional para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el estado.

El dictamen fue avalado por 31 de los 33 diputados locales y presentado por el legislador panista Miguel Latorre Sáenz, en representación de las comisiones unidas, Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia.

Explicó que el SEA, se implementa como un mecanismo de coordinación y colaboración entre las instancias gubernamentales y ciudadanas, para prevenir, detectar, controlar, sancionar y combatir las prácticas deshonestas de servidores públicos y particulares que afecten el patrimonio público.

Con esto, Chihuahua cumple, aunque a destiempo (el Sistema Nacional entró en vigor este miércoles), con la obligatoriedad de implementar los sistemas locales anticorrupción.

El 12 de julio del año pasado, la PGR interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra el hoy exgobernador César Duarte, que promulgó en abril de ese mismo año, la reforma para crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción, sin esperar a la publicación de las leyes generales del sistema nacional, moción que fue aceptada por dicho órgano.

La instancia federal, detectó tras el análisis efectuado a las reformas, aprobadas por el Legislativo de Chihuahua, que contenían "vicios legales" no acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional aprobada el 27 de mayo de 2015, como el hecho de que el fiscal dependería del propio poder Ejecutivo.

De acuerdo con Latorre Sáenz, el SEA contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría General de Gobierno como responsable del control interno, del organismo autónomo en materia de transparencia y por un representante del Consejo de la Judicatura y uno más del Comité de Participación Ciudadana.

Dicho Comité deberá integrarse por cinco ciudadanos, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la nueva ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Legislativo tendrá además para intervenir en el nombramiento de quiénes integrarán la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, así como la facultad para crear el marco legal en matera de corrupción.

El titular de dicha Fiscalía durará un periodo de siete años y dicho órgano, ejercerá la función específica de conocer e investigar las denuncias por hechos u omisiones presuntamente constitutivos de delitos, que deriven de posibles actos de corrupción de los servidores públicos.

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