Congreso analiza presunto desvío de 700 mdp a campaña de Damián Zepeda, en 2015
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Congreso analiza presunto desvío de 700 mdp a campaña de Damián Zepeda, en 2015

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Nacional

Congreso analiza presunto desvío de 700 mdp a campaña de Damián Zepeda, en 2015

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitarían a la ASF la fiscalización de diversas obras asignadas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

Víctor Chávez 
22/01/2018

El Congreso de la Unión analiza una denuncia por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos para la campaña del hoy presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, cuando en 2015 se postuló como candidato a presidente municipal de Hermosillo, Sonora.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión revisa el caso y podría solicitar –si así lo determina- a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “que lleva a cabo la fiscalización de distintas obras asignadas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Sonora, durante el periodo 2013 -2015”.

Se advierte que dichos recursos “presumiblemente habrían sido utilizadas para financiar las candidatura de Damián Zepeda Vidales a la presidencia de la alcaldía de Hermosillo en el año 2015, y que habría significado un desvío de recursos por más de 700 millones de pesos”.

De ser el caso “que se promueva las acciones que conforme a derecho procedan”, se solicita.

En la denuncia –presentada por el PRI- se acusa, incluso, que “en esos hechos habrían participado Ricardo Anaya Cortés, hoy precandidato de la coalición “Por México al Frente”, y Damián Zepeda, hoy dirigente nacional del PAN, cuando desempeñaron el cargo de diputados federales en la LXII Legislatura (2012 -2015).

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“Durante la LXII Legislatura, Damián Zepeda se habría desempeñado en posiciones estratégicas para la asignación de recursos económicos, en virtud de que presidió la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y ocupó la secretaría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”, se expone.

Indica que “su modus operandi consistía en gestionar desde la Cámara de Diputados recursos que eran canalizados al municipio de Hermosillo, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)”.

Abunda el documento que “el entonces coordinador de dicha instancia, Francisco Arnaldo Monge Araiza, se encargaba de asignar las obras a dos empresas. Se identificaron 9 obras que beneficiaron a Desarrollo y Servicios OLBAP SA de CV y HAW Desarrollos, SA de CV, la primera representada por Manuel Abaláis Hopkins, persona cercana a Damián Zepeda y Guillermo Padrés Elías, hijo del exgobernador de Sonora”.

“La parte final de dicha operación se daba cuando se recaudaba las aportaciones de los proveedores beneficiados, para posteriormente destinarlos a financiar la campaña a la presidencia municipal de Damián Zepeda, durante el año 2015”.

Sostiene que “las operaciones realizadas a través de este esquema fueron entre el año 2013 y 2015, y que habrían ascendido a un desvío de recursos por 700 millones de pesos. Tan sólo en el ejercicio correspondiente al 2014, la CECOP habría asignado 19 obras a 10 empresas relacionas con el ahora presidente nacional del PAN, Damián Zepeda”.

Se argumenta que “los desvíos de Fondos Federales para financiar proyectos políticos por parte de Damián Zepeda no es un hechos aislado, ya que Ricardo Anaya institucionalizó dentro del Partido Acción Nacional los llamados moches”.

Es decir “la solicitud de una comisión de entre 17 y 20 por ciento a alcaldes y gobernadores por parte de la dirigencia nacional del PAN, para que le fueran asignados recursos para obras desde la Cámara de Diputados, y los cuales son otorgados a los contratistas que la presidencia de ese instituto determina”.

“Los hechos son contundentes y dan cuenta de la práctica sistemática de la dirigencia nacional del PAN para desviar recursos públicos, con el propósito de financiar proyectos políticos”, se acusa.

Por eso “los legisladores del PRI consideramos apremiante que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una revisión de los contratos asignados por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Sonora, durante el período comprendido en el año 2013 – 2015, a fin de verificar que estos se hayan otorgado conforme a la normatividad aplicable”, se demanda.