SALTILLO.- Al menos dos mil millones de pesos, de la deuda bancaria contratada con documentos apócrifos en la administración de Humberto Moreira, la cual concluyó el gobernador interino Jorge Torres López, nunca entraron al erario coahuilense como lo ha subrayado la Secretaría de Finanzas de Rubén Moreira.
La sentencia 08/2015 de la Sala Penal del Tribunal de Justicia de Coahuila, referente al fraude que derivó en la actual deuda bancaria de 37 mil millones de pesos, contiene un documento oficial del área jurídica del entonces Servicio de Atención Tributaria (hoy Secretaría de Finanzas) a cargo de Javier Villarreal Hernández, fechado en 2011, que refuta al Gobierno de Coahuila.
Armín Valdés Torres, Magistrado de la Sala Penal detalló de la sentencia que media hora después de que los bancos Santander y del Bajío depositaron 2 mil millones de pesos a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, para supuestas obras de infraestructura a ejecutar, este dinero fue traslado por el SATEC, a una cuenta supuestamente de la misma dependencia, y fue en esta transacción, donde se perdió.
El Magistrado señaló que el delito a perseguirse era peculado, no obstante fue tipificado como fraude, en su modalidad de simulación de actos jurídicos, "como para hacer más tortuosa la investigación".
"Cuando uno está en este tipo de puestos, esos errores son corrupción, es encubrimiento. Es muy claro que era peculado, porque hay un documento que señala que no entró el dinero. El dinero iba en un cheque a nombre del SATEC, pero se depositó en una cuenta apócrifa, aunque eso no venga en el expediente. Y ese dinero aparece en las mismas fechas que apareció en Estados Unidos, sin decir que sea el mismo".
La sentencia determina que en el acto de entregar decretos falsificados para obtener empréstitos, no hubo simulación completa, porque el estado obtuvo el crédito bancario y no procede el perjuicio al erario, porque el crédito está siendo pagado.
Los señalados en esta denuncia, Enrique Ledezma, ex director de Política Financiera y Juan Manuel Delgado, ambos funcionarios del desaparecido SATEC; y Fausto Destenave Kuri, ex director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, quedaron absueltos.