Comisión de la verdad del caso Iguala 'sí tiene sustento jurídico': magistrados
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Comisión de la verdad del caso Iguala 'sí tiene sustento jurídico': magistrados

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Comisión de la verdad del caso Iguala 'sí tiene sustento jurídico': magistrados

El Tribunal Colegiado argumentó que el sustento jurídico está 'diseminado' en instrumentos internacionales, protocolos y jurisprudencia de la SCJN y la CIDH.

David Saúl Vela
22/06/2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, defendieron su resolución con la que se ordenó crear una 'Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala'.

Y es que consideraron que hay sustento jurídico, en México y a nivel internacional, para su conformación, en aras de llegar a la materialización de la verdad y la justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dicha posición la manifestaron al responder a la solicitud de aclaración hecha por la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, con relación a la sentencia de 31 de mayo, cuyo punto central fue crear la citada comisión, que sería dirigía por los representantes de los normalistas desaparecidos.

En su respuesta, los magistrados estimaron que el sustento jurídico está “diseminado” en instrumentos internacionales, protocolos y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señalaron que, en este caso, por ser más favorable a las personas (principio pro-persona), resulta de observancia obligatoria la creación de esta figura novedosa en nuestro país, de acuerdo con el criterio de la propia Suprema Corte.

“Lo sucedido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, es un hecho sin precedentes, y ello da lugar a adoptar medidas y determinaciones que quizás tampoco encuentran antecedente en la historia moderna de nuestro país”, dijeron.

Consideraron que “está claro” que el éxito de la comisión será también el éxito del propio Estado y de sus instituciones, pero, sobre todo, constituirá la materialización de la verdad y la justicia.

Asimismo, advirtieron que la comisión requerirá el apoyo de diversas instituciones públicas del país, por lo que pidieron al presidente Enrique Peña, de instrucciones para que se de apoyo y facilidades y logre su cometido.

Igualmente se adentraron en la situación de los familiares de los desaparecidos, cuyo proyecto de vida, dijeron, se ha trastocado, pues desde la desaparición "han dedican todo su tiempo y esfuerzos a la incansable búsqueda de sus hijos".

Con base en un antecedente de Bolivia, los magistrados dijeron que el Estado mexicano debe hacer un primer pago de 500 mil pesos a la familia de cada uno de los 43 estudiantes normalistas.

“Lo anterior implicaría únicamente un adelanto parcial, para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares; e incluso, para afrontar los gastos que el propio litigio conlleva”, agregaron.

Señalaron ello no libera al Estado de seguir enfocando esfuerzos institucionales hasta encontrar a los estudiantes, esclarecer los hechos, procesar y sancionar a los responsables, y dar integral reparación de los daños a las víctimas.

Asimismo, recordaron que el Estado debe aportar los recursos para que la 'Comisión de la Verdad del Caso Iguala' despliegue sus actividades sin obstáculos ni dificultades.

La posición de los magistrados Mauricio Fernández, Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo se publicó el 20 de junio pasado en los estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, un día antes de que los procuradores y fiscales del país hicieran un pronunciamiento contra dicha sentencia, -adoptada al amparar a cuatro de los principales implicados en la desaparición de los normalistas-, la que calificaron de inconstitucional y violatoria de la división de Poderes.