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CNDH solicita medidas cautelares para proteger a Álvarez Icaza 

Tras el allanamiento a oficinas del defensor de derechos humanos, el organismo solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México medidas cautelares para resguardar su seguridad.
Redacción
10 febrero 2017 13:49 Última actualización 10 febrero 2017 13:50
Emilio Álvarez Icaza

(Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento del allanamiento cometido en las oficinas del defensor de derechos humanos Emilio Álvarez Icaza, por lo que solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México medidas cautelares para resguardar la seguridad tanto del defensor como de sus oficinas.

Las medidas deberán implementarse en coordinación con el beneficiario, así como para que se realice una investigación exhaustiva a fin de determinar el origen de la agresión y sancionar a los responsables, y que no haya impunidad.

De conformidad con la información, el jueves algunas personas forzaron las puertas de acceso y se introdujeron a las oficinas donde rompieron algunos cajones, aunque no se robaron el equipo de cómputo ni otros aparatos eléctricos que ahí se encontraban, hechos que ya fueron denunciados ante las autoridades de procuración de justicia.

Respecto a las medidas de protección, este vienes se recibió respuesta en la que se mencionó que el defensor se había acogido al Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que las autoridades de la Ciudad de México colaborarán con el mismo para dar seguimiento puntual a la implementación de las medidas de protección que correspondan.

Como señaló la CNDH en la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, las personas y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos deben poder desarrollar su trabajo de manera libre y sin ser víctimas de agresiones.

Agregó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar su seguridad y generar políticas públicas que incidan en un contexto libre de violencia para las y los defensores de derechos humanos.