CIUDAD DE MÉXICO.- Al entrar en vigor la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que promoverá los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La legislación, argumentó el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez, vulnera derechos y libertades básicas, afecta el equilibrio entre entidades e instituciones y aplica condiciones de excepción.
"La ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo segundo, la ley pueda aplicarse, y promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta", indicó.
La CNDH consideró que la Ley de Seguridad Interior no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a los elementos de las Fuerzas Armadas o policías.
Por el contrario -afirmó-, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución.
Dijo que uno de los mayores riesgos que se observan es contraviene principios constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues en el artículo noveno establece que toda la información vinculada a su aplicación será reservada.
En contraposición, agregó, en el artículo 21 obliga a organismos como la CNDH, a proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.
Lo anterior, deja a interpretaciones discrecionales para que el organismo investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, y al mismo tiempo se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que en esos casos no exista verdad, justicia y reparación.
Además, la CNDH comentó que académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon un diálogo que atendiera la problemática que el país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos.
Sin embargo, el llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal.
"Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional", concluyó.