CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 49/2016, al gobernador de Colima, por la deficiencia en la seguridad y en la atención a las adicciones en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esa entidad, que derivó en la muerte de 13 internos.
El organismo atrajo el caso el 18 de enero de 2016, tras la publicación de diversas notas periodísticas los días 20, 21, 22 y 27 de noviembre de 2015, que dieron cuenta de una posible epidemia de hepatitis en el Cereso, que originó al expediente CNDH/3/2016/209/Q, donde se comprobó que la autoridad penitenciaria omitió sus obligaciones de brindar una vigilancia adecuada, lo que permitió el ingreso y consumo de sustancias ilícitas.
Destacó que a pesar de que en octubre y noviembre de 2015, iniciaron las revisiones para la detección de sustancias ilícitas, no se decomisaron, además de que, entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se documentaron casos de ictericia por hepatitis tóxica, que derivó en la muerte de 13 personas.
La deficiencia en la seguridad y control, se originó ante la falta de detención de sustancias nocivas desde su ingreso al penal y su posterior distribución, por no contar con equipo detector de sustancias ilícitas, entre otras causas.
Las autoridades del penal señalaron que al implementarse revisiones exhaustivas detectaron a visitantes ingresando dichas sustancias, así como a un interno que vendía heroína e instrumentos punzocortantes "hechizos" como jeringas, las cuales provocaron cuadros contagiosos de hepatitis.
Tras el análisis de los casos, la CNDH recomendó, entre otros puntos, se realicen las gestiones que permitan fortalecer una política de atención integral a personas privadas de la libertad con problemas de adicciones.
También pidió que el Cereso de Colima replantee las estrategias del programa de atención a personas adictas que ahí opera, se refuercen las áreas de seguridad y custodia, dotando de equipo tecnológico de escaneo corporal.
Además, indicó el organismo, se debe realizar la clasificación de la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, la normatividad específica y estándares nacionales e internacionales de la materia.