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CIDH eleva caso de desapariciones en México a Corte Internacional

La CIDH elevó el caso por considerar que México no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables, dar reparación moral y material a familiares de las víctimas y fortalecer la investigación en los casos de desaparición forzada.
Héctor Gutiérrez
22 noviembre 2016 13:48 Última actualización 22 noviembre 2016 15:49
[Desaparición forzada de personas, homicidio y pillaje, entre los delitos/ Reuters]

[Desaparición forzada de personas, homicidio y pillaje, entre los delitos/ Reuters]

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte Interamericana el primer caso contra México relacionado con desapariciones forzadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La CIDH elevó el caso por considerar que el Estado mexicano no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables, dar reparación moral y material a familiares de las víctimas, fortalecer la investigación en los casos de desaparición forzada y resolver los factores estructurales que generan impunidad.

El organismo dijo que hasta la fecha se desconoce el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes que fueron detenidos por efectivos militares en Chihuahua el 29 de diciembre de 2009.

Además señala que “fueron privados de su libertad por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos, además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército”.

Tras la investigación de este caso, asegura que “la aplicación de la justicia militar a este caso resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia” y establece que “el Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables”.

Además señala que en este caso hubo violaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos.

La comisión eleva a la Corte los casos relacionados con países que reconocen la jurisprudencia de ese tribunal hemisférico. Ambos órganos constituyen el sistema interamericano de derechos humanos y están adscritos a la Organización de Estados Americanos.

Con información de AP

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