La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes que se ampliará por dos meses más la labor del grupo de expertos internacionales que investiga la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y sobre cuyo destino todavía no hay pruebas concluyentes.
Según un comunicado de prensa, el grupo de expertos, que tenía un mandato de seis meses y presentará su informe final el próximo 6 de septiembre, ampliará sus trabajos 60 días más con el fin de poder "recibir y procesar los comentarios y las observaciones" de las autoridades, familiares de las víctimas y la sociedad civil a dicho documento.
Prorrogamos mandato del GIEI para que reciba aportes del Estado y sociedad civil a su informe sobre #Ayotzinapa http://t.co/t6m7yb39LP
— CIDH - IACHR (@CIDH) August 28, 2015
- Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, supuestamente a manos de policías locales
- Hacer análisis técnicos de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales
- Llevar a cabo un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014
Esta prórroga no tiene relación con el pedido del grupo al gobierno de México para renovar su mandato por otros seis meses, un reclamo que fue apoyado por las organizaciones sociales pero sobre el que las autoridades mexicanas todavía no se han pronunciado —tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo.
En su última conferencia de prensa, el grupo denunció diversas irregularidades como que las autoridades no informaron de algunos hallazgos a familiares y que posiblemente destruyeron videos que contenían evidencias de este caso.
También se quejaron de que México no aceptara su petición para entrevistar a militares de la zona de Iguala donde desaparecieron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, bajo el argumento de que se pondría en riesgo la investigación oficial, pese a que antes les permitió hacerlo con policías federales, testigos e inculpados.
La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, confió que el informe que se presente el 6 de septiembre contribuya "a fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, así como para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención de este grave crimen".