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Gobierno y CIDH acuerdan dar seguimiento a la investigación de los 43 

NNLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó implementar un nuevo mecanismo que le permitirá dar seguimiento a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Reuters
29 julio 2016 16:39 Última actualización 29 julio 2016 16:59
ayotzinapa me

El acuerdo contempla vigilar que sean implementadas las recomendaciones emitidas por el GIEI. (Especial)

El Gobierno de México acordó el viernes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) implementar un nuevo mecanismo para que el organismo internacional dé seguimiento a la cuestionada investigación sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014.

Tras casi tres meses de diálogo, el Gobierno aceptó que la CIDH envíe a dos asesores técnicos que harán al menos tres visitas en el año para revisar la investigación, precisó la Comisión en un comunicado.

"Los asesores técnicos especiales tendrán acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente (y) los estándares internacionales aplicables", dijo la CIDH.


El acuerdo también contempla vigilar que sean implementadas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado en marzo de 2015 por el organismo internacional, para colaborar con las autoridades mexicanas en este caso.

Durante 14 meses de investigación, los expertos sacaron a la luz serias fallas en las pesquisas realizadas por la fiscalía mexicana, como tortura contra presuntos criminales involucrados en el caso, omisión en las declaraciones de fuerzas de seguridad que observaron el hecho, entre otras cosas.

En su primer informe, un año después de la tragedia, los investigadores echaron abajo la versión oficial de que los jóvenes fueron quemados en un basurero y sus restos triturados lanzados en un río del estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos, en el sur de México.

El caso de los estudiantes cimbró al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y puso al descubierto la crisis de derechos humanos que vive el país.

Los estudiantes, rebeldes de izquierda, llegaron el 26 de septiembre del 2014 a la ciudad de Iguala, en el empobrecido sur de México, para tomar autobuses con el fin de participar en una protesta, cuando según la versión oficial fueron atacados por policías municipales y supuestamente entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, dedicado al tráfico de heroína.

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