Caso Gutierrez es competencia federal, dice fiscal de Chihuahua
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Caso Gutierrez es competencia federal, dice fiscal de Chihuahua

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Caso Gutierrez es competencia federal, dice fiscal de Chihuahua

Según el fiscal general de Chihuahua, aunque el caso es ya competencia federal, queda pendiente que las autoridades se pongan de acuerdo en el proceso de reclusión.

Samuel García
08/05/2018
César Augusto Peniche, fiscal del Estado de Chihuahua.
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CHIHUAHUA.- El traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México del exsenador, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y otros dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte, deberá resolverse por el juez local que tiene pendientes con ellos asuntos por el fuero común.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, aunque el caso ya es competencia de la dependencia federal, el único pendiente es que las autoridades judiciales se pongan de acuerdo para realizar el proceso de reclusión, tanto de Gutiérrez, como de Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, exdirectores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda en la pasada gestión.

En febrero, el juez Gerardo Moreno García resolvió que debe llevar el control de instrucción de juicio. Tras una serie de argumentaciones jurídicas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa ordenó en definitiva el traslado de los tres detenidos.

Dicha notificación, aunque fue dada a conocer al director del Centro de Readaptación Social número 1 que depende de la Fiscalía estatal, no tiene la facultad para hacer el traslado a pesar de las multas que se puedan imponer.

Los exfuncionarios son acusados por participar, cada uno desde sus respectivos cargos, en el desvío de 250 millones de pesos, mismos que el gobierno federal dispuso para diversas adquisiciones y servicios de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, cantidad que a través de cinco empresas 'fantasma' habría sido puesta a disposición de campañas electorales en 2016 a favor del Partido Revolucionario Institucional.

“Lo único que queda es que las autoridades judiciales se pongan jurídicamente de acuerdo, para ver dónde debe llevarse a cabo el proceso de reclusión de esta persona”, explicó Peniche, toda vez que el traslado “ya no está específicamente en el entorno de la Fiscalía”.

Peniche añadió que el juez Moreno García, una vez con la totalidad del expediente en su poder, debe respetar los criterios que tomó el Estado en cuanto a otorgar el beneficio de testigo protegido a dos funcionarios que participaron en la investigación del caso.