Nacional

Ausencia de formación policíaca abonó a la violencia

La desinstitucionalización del país y la poca formación de policía han retrasado el regreso del ejército a los cuarteles, dijo en la Nota Dura el senador panista Roberto Gil Zuarth.


El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, distinguió dos puntos que han favorecido al aumento de la violencia en el país y a que se plantee la necesidad de regular las labores del ejército: la desinstitucionalización del país y formación policíaca.

"Uno de los problemas es la desinstitucionalización del país", dijo en entrevista con Javier Risco, "se ha detenido el proceso de formación de policías y si uno se fija en el número de policías federales, está prácticamente sin crecimiento".

Gil Zuarth señaló que en 2006 había cerca de 7 mil policías federales que se incrementaron hasta 38 mil elementos en 2012, pero desde entonces no se ha dado continuidad a la capacitación.

"La presencia de las fuerzas armadas ha generado un incentivo perverso en los estados para no formar policías y hacerse cargo de la seguridad pública con instituciones civiles", comentó el senador.

Además, dijo que es necesaria una corresponsabilidad local para el desarrollo de nuevas corporaciones que permitan el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles.


El senador reconoció que no se puede dar la transición de forma inmediata, ya que desde la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán ocurrió una reconfiguración de las bandas criminales además de que estas han diversificado sus acciones delictivas más allá del trasiego de drogas.

"De siete organizaciones criminales que teníamos en los años noventa, hoy tenemos conocidas más o menos 204", indicó, "antes se dedicaban únicamente al trasiego de drogas (…) ahora se dedican al robo, secuestro, extorsión, trata de personas".

Roberto Gil Zuarth dijo que la Ley de Seguridad Interior busca regular la actividad de las fuerzas armadas sin llegar a la suspensión de garantías; en ese sentido, mencionó que la propuesta de Seguridad sin Guerra apunta a lo contrario.

"Ellos proponen la suspensión de garantías, es decir, utilizar el mecanismo más estricto y extremo que tiene nuestro sistema constitucional que implica provocar que los derechos dejen de tener vigencia para poder resolver un problema de seguridad y orden público", comentó.

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