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Aumentan a 112 personas vinculadas a proceso por saqueos en Edomex

Detallaron que los jueces impusieron exhibición de garantía económica de más de 100 mil pesos a cada uno de los imputados, por lo que si pagan serán puestos en libertad, aunque sus procesos continuarán.

TOLUCA, Méx. Ya son 112 las personas vinculadas a proceso judicial en el Estado de México por su probable participación en diversos hechos delictivos durante la ola de saqueos a establecimientos comerciales que se suscitaron los primeros cinco días del 2017.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que de acuerdo con el reporte de este miércoles 11 de enero, las 112 personas vinculadas a proceso corresponden a 38 causas penales, las cuales se desahogan en los distritos judiciales de Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca y Zumpango.

"En total se han iniciado 221 carpetas de investigación, de éstas, 115 fueron iniciadas con la totalidad de las personas detenidas, y el resto se han iniciado sin personas aseguradas".

De 121 negocios afectados, la cifra se incrementó a por lo menos 200, principalmente de las cadenas Oxxo, Bodega Aurrerá, Walmart, Coppel, Elektra y gasolineras, entre otros.

La dependencia mexiquense aplicó prisión preventiva a 293 personas para que enfrenten su proceso en reclusión, mientras que a 173 les fueron fijadas garantías económicas y otras medidas cautelares para seguir su proceso en libertad, sin embargo, autoridad mexiquense no especifica los montos de las fianzas.

En este sentido, 34 personas que presuntamente participaron el pasado 4 de enero en saqueos a tiendas Elektra, Coppel, Ópticas Devlyn y Chredahui en el municipio de Tenancingo, fueron imputadas por tres jueces de Juzgados de Control de Toluca, con sede en Almoloya, por el delito de "robo con agravante de haberse cometido cuando se aprovecha la falta de vigilancia o confusión ocasionado por un siniestro o desorden".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México señalaron que 32 imputados decidieron duplicar el término del Plazo Constitucional para determinar su situación jurídica en 144 horas y dos optaron por el plazo convencional de 72 horas.

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