Nacional

Auditoría PWC revela desvíos de fondos del exgobernador de Colima

Adquisiciones a sobreprecio, cuentas y empresas “fantasma”, proveedores que eran funcionarios públicos, son algunos de las irregularidades detectadas en la revisión financiera, señala PWC.
Oscar Cervantes
24 junio 2016 18:13 Última actualización 24 junio 2016 18:14
Mario Anguiano Moreno

Mario Anguiano Moreno (Corresponsal)

Contratación de créditos destinados a gasto corriente, adquisiciones a sobreprecio, cuentas y empresas “fantasma”, proveedores que eran funcionarios públicos, son algunas de las irregularidades detectadas en la revisión financiera que el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez practicó al periodo 2014-2015 de la administración pasada de Mario Anguiano Moreno.

La elaboración de la revisión financiera, encargada al despacho PricewaterhouseCoopers (PwC), sería la primera auditoría externa que un gobierno estatal del PRI encarga para exponer el estado financiero de una administración del mismo partido político.

El llamado Libro Blanco, disponible en la página internet de la Contraloría General del Estado de Colima, señala que el 2 de enero de 2015 la administración estatal que encabezó Mario Anguiano Moreno, contrató un crédito con el Banco Interacciones por 500 millones de pesos.

En esa misma fecha se pagó un crédito en cuenta corriente contratado con Capital Leasing por un importe de 478 millones 250 mil pesos, por lo que el préstamo con el Banco Interacciones se utilizó para refinanciar esa deuda.

Sin embargo, cuando el 10 de septiembre de 2015, en la etapa final de su gobierno, Anguiano Moreno solicitó al Congreso del Estado contratar 638 millones de pesos para pagar Interacciones, argumentando que esa cantidad se había utilizado en el pago de inversiones productivas.

Del análisis de PwC, se desprende que el crédito con Capital Leasing se dispuso principalmente para el pago de nómina.

PwC detectó también contratos de adquisiciones que presentan irregularidades, entre ellas compras a sobreprecio y proveedores cuyas empresas o sus administradores eran al momento funcionarios de la administración estatal.

Otra de las anomalías detectadas fue una transferencia de 40 millones de pesos de Banorte que no se pudo comprobar su gasto por el Gobierno del Estado.

En el año 2015, mediante el contrato SFA/006-2015/DGAA/DCN, se adjudicaron un millón 214 mil 706 pesos a una empresa por concepto de compra de artículos de limpieza; sin embargo, el acta constitutiva de la compañía señalaba como administrador al entonces secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villabos.

También se informa que en un proceso de adjudicación por invitación a por lo menos tres personas, la Secretaría de Finanzas y Administración dio 264 mil 599 pesos a una empresa para la compra de llantas a la Secretaría de Seguridad Pública, al cotizar la con el mismo proveedor, PwC detectó que se registró en la documentación un sobreprecio de 79 mil 344 pesos.

A su vez, se reportan varias licitaciones de obra pública que se comprobó incapacidad financiera por parte de las empresas ganadoras, incluso, se encontraron “compañías fantasma” en donde no encontraron el domicilio fiscal de las concursantes como la licitación pública estatal SFA/28-2014/DGAA/DCN para la compra de material de curación de los centros penitenciarios de Colima por 9 millones 941 mil pesos.

La Secretaría de Finanzas
también pagó 5 millones 200 mil pesos a una empresa de energía renovable para un proyecto de desarrollo web en donde la auditoría comprobó que la empresa no cumplía con el giro comercial para participar en la licitación.

Un caso que llama la atención es que incluso el atún, huevo, tortillas de harina y jugos los compraban a sobreprecio: La Secretaría de Administración y Gestión Pública adquirió la compra de abarrotes y tampoco pudo comprobar la excepción de la licitación pública.

DELEGADO DE SEDESOL, INVOLUCRADO EN CONFLICTO DE INTERESES

La auditoría especial señala al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Cruz Mendoza, por estar involucrado en posible riesgo de conflicto de intereses, ya que la constructora de su hijo se benefició con obras millonarias de fondos federales.

El documento exhibe a detalle que el hijo del funcionario federal tampoco, en su momento tenía la capacidad financiera para participar en las licitaciones de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Sin embargo, a pesar de ello, logró beneficiarse con al menos tres obras, tan solo en 2014: una de 9 millones 126 mil pesos, otra de 3 millones 845 mil pesos y otra más de un millón 619 mil pesos.

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