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Aseguran inmuebles a exfuncionarios de Nuevo León

Después de que en una rueda de prensa se informara sobre los resultados de una investigación contra exfuncionarios y empresarios de Nuevo León, que involucra al exgobernador Rodrigo Medina, 22 inmuebles fueron asegurados.

Dentro de las investigaciones a exfuncionarios de la administración estatal anterior, el Gobierno de Nuevo León informó sobre el aseguramiento de 22 bienes inmuebles como medida precautoria.

Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico en la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, explicó que de estas propiedades aseguradas sólo una pertenece al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

En conferencia de prensa indicó que otra propiedad que tenía el exmandatario estatal la vendió y dos más las cedió recientemente a familiares.


Refirió que la propiedad embargada es una finca campestre en el municipio Terán, al sur del estado, de una extensión aproximada a 35 hectáreas.

"En términos generales, hasta hoy se han embargado 22 inmuebles", detalló. Indicó que "es un corte en el estado de Nuevo León, no se ha concluido la función, esa tarea; estamos solicitando colaboración de otros estados para continuar el tema de los embargos".

Señaló que la investigación se realizará de manera transparente para que la ciudadanía esté al tanto de los avances, aunque la decisión final recaerá en los tribunales.

"Hemos visto que hay mucha esperanza de que las cosas cambien y que hagamos bien las cosas, y les decimos de frente que esto va a continuar", dijo. Puntualizó que "no quisimos hacer las cosas en lo oscurito".

"Estamos anticipando y presentando tanto a la ciudadanía como a los actores o implicados todos los casos, les estamos dando todos los derechos al publicar las cosas y tienen todo su derecho de acudir a la Fiscalía e informarse de todo lo que hay antes de la audiencia", agregó.

Manifestó que "el juicio como sabemos es abierto, es público y nos interesa mucho que sea en los tribunales donde se determine la verdad".

En los próximos días, apuntó, la Subprocuraduría solicitará al Juez de Control fijar las fechas de las audiencias iniciales para los involucrados, quienes obligadamente deberán acudir de manera personal, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.

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