CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Silvano Aureoles pagará 121 millones de pesos a la empresa Estrategia en Finanzas e Infraestructura, que planeó la reestructuración de la deuda pública de Michoacán, cuyo apoderado legal, Octavio Salazar Guzmán, tiene tres sanciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por negligencia administrativa y violación a las leyes de normatividad presupuestal.
"Dicha persona fue boletinada en 2004 por la Función Pública, para que cualquier dependencia se abstuviera de contratar sus servicios", dijo Miguel Ángel Villegas, diputado local del PAN en Michoacán.
En entrevista con El Financiero, el legislador advirtió que en el proyecto de reestructuración elaborado por Estrategia en Finanzas e Infraestructura, hubo falta de ética profesional, opacidad, conflicto de interés e incompetencia.
El panista aseguró que el trabajo que realizó Estrategia en Finanzas e Infraestructura, en realidad debió realizarlo la Secretaría de Finanzas sin ningún cargo al erario, pero de forma inexplicable se licitó el proyecto y se concedió a la citada empresa.
Miguel Ángel Villegas agregó que al otorgar el contrato a esa empresa se genera un posible conflicto de interés, pues se trata de una subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones.
Con ésta última el Gobierno de Michoacán tiene dos de los cinco créditos que pretende reestructurar, uno por mil 923 millones de pesos y otro por 576 millones de pesos. Además, el gobierno de Silvano Aureoles le pidió un tercer crédito, este de corto plazo, por 3 mil millones de pesos.
El diputado Villegas cuestionó el trabajo de Estrategia en Finanzas e Infraestructura, pues de su proyecto que entregó, "fueron 121 millones de pesos tirados a la basura, porque del documento que esta empresa presentó ante el pleno, casi el 50 por ciento fueron desechados por el Congreso, ya que eran inviables".
"Por ejemplo, –indicó– quería que al gobierno de Silvano Aureoles se le diera un plazo de gracia de 72 meses (poco más de seis años) para comenzar a pagar el capital e intereses de los créditos, en otras palabras, pretendían heredar el pago total de la deuda a la siguiente administración", aseguró el legislador.
Ayer, el Congreso de Michoacán aprobó la reestructuración de cinco créditos por un monto de 11 mil 500 millones de pesos. Derivado del saneamiento, los michoacanos pagarán 2 mil 400 millones de pesos por nuevos intereses.
"Terminamos haciendo el trabajo de esta empresa, que resultó incompetente", dijo el diputado Miguel Ángel Villegas. Sin explicación. La reestructuración de la deuda debió realizarla la Secretaría de Finanzas local, sin ningún cargo al erario, señala diputado.