Los homicidios de políticos locales continúan: ayer fue asesinado, junto con su hijo, el exalcalde priista del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, Miguel Ángel Licona Islas. Con éste suman ya 14 las víctimas ultimadas de diciembre a la fecha.
Las otras dos víctimas de ayer son el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, Sabino Mejía Rodríguez, quien fue acribillado frente a su familia, por un grupo de hombres armados que irrumpieron en el domicilio del perredista.
Asimismo, Luis Alberto Sánchez, líder de la Asociación Civil "Tiempos de Paz" y presuntamente promotor de Morena, fue asesinado en Chimalhuacán, Estado de México.
Ayer, también en Nayarit, hombres armados dispararon contra el exdiputado local perredista y secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Manuel Hernández, quien resultó ileso.
Un recuento realizado por El Financiero indica que, de los 14 políticos de diversos partidos asesinados, cinco se perfilaban como aspirantes a contender por un cargo de elección popular en el proceso de julio próximo.
Guerrero y Jalisco son los estados donde más casos han ocurrido, con tres cada uno, y el resto sucedieron en Baja California, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo.
Entre las victimas están Saúl Galindo Plazola, diputado del PRD en el Congreso de Jalisco, quien fue asesinado a balazos el 27 de diciembre cerca de su rancho, en el municipio de Tomatlán.
También fueron asesinados Salvador Magaña Martínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta, Jalisco, y Miguel García González, coordinador de Morena en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.
El 31 de diciembre, en las últimas horas de 2017, fue asesinado el empresario Adolfo Serna Nogueda, quien era el virtual candidato a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el PRI.
Ante el incremento de este tipo de agresiones, la Policía Federal aseguró que a la fecha no recibido ninguna solicitud de protección a aspirantes a puestos de elección popular, aunque se dijo abierta a analizar cualquier petición.
Autoridades federales explicaron que no hay una obligación legal para que la Policía Federal dé ese tipo de seguridad, pero lo harían para dar certidumbre al proceso donde se votarán 3 mil 415 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República.
"Todo esto se tiene que valorar, caso por caso, según las solicitudes que se hagan, y en coordinación con las autoridades electorales se decidiría en qué caso no y en qué casos sí se daría la protección y de qué tipo", dijeron.
Explicaron que desde la elección intermedia de 2015, la Policía Federal y el Instituto Nacional Electoral, entre otras autoridades, instalaron una mesa de trabajo en la que se analiza el tema de la seguridad en las elecciones.
"Son reuniones periódicas que se realizan en forma ininterrumpida desde la elección intermedia y en esta mesa claro que se están haciendo las valoraciones y estudios de riesgo por entidad", informaron.
De hecho, no es la primera vez que la PF cuida a los candidatos de elección popular. En 2015, dieron protección a varios de aspirantes.
Entre quienes recibieron el apoyo estuvo Héctor Astudillo, quien gobierna actualmente Guerrero.
Cabe destacar que en el caso de los aspirantes presidenciales, la seguridad está al cargo del Estado Mayor Presidencial y no de la Policía Federal.