Nacional

Apuesta Sistema Penitenciario al trabajo, salud y deporte para la reinserción

Con la unanimidad de 449 votos en lo general –y 391 votos a favor, 56 en contra y una abstención en lo particular– el pleno de los diputados sacó la primera reforma de las diversas que se contemplan en las agendas de las dos cámaras del Congreso.
Víctor Chávez | Rivelino Rueda
15 junio 2016 0:22 Última actualización 15 junio 2016 6:42
unanimidad. Con 391 votos a favor y 56 en contra, el Congreso aprobó la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, ayer. (Especial)

Unanimidad. Con 391 votos a favor y 56 en contra, el Congreso aprobó la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, ayer. (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hacer frente al desorden que prevalece en los penales del país, la Cámara de Diputados concluyó el proceso de aprobación en el Congreso de la Unión de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que se podrá iniciar la reestructuración de la administración y operación de las cárceles del país.

Con la unanimidad de 449 votos en lo general –y 391 votos a favor, 56 en contra y una abstención en lo particular– el pleno de los diputados sacó la primera reforma de las diversas que se contemplan en las agendas de las dos cámaras del Congreso.

El decreto –que fue turnado ya al Ejecutivo para su promulgación, publicación y entrada en vigor de inmediato– es producto de una minuta avalada en abril por el Senado y pasó sin cambios en San Lázaro.

El documento contiene el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, que tendrá que entrar en vigor de manera integral el próximo 18 de junio, y que buscará la transformación del sistema penitenciario nacional, “con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para procurar la reinserción social”.

Con 207 artículos, divididos en seis títulos, y 12 transitorios, la legislación establece, en otros aspectos, que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario deben ser separadas de la siguiente manera: las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas y que las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad, se destinarán a centros especiales.

Esta reforma incluye cambios al artículo 225 del Código Penal Federal, que detalla los que se consideran delitos contra la administración de la justicia. Y en los transitorios establece que “podrán acceder al beneficio de libertad anticipada aquellos internos cuyo delito de robo no exceda 80 veces la Unidad de Medida y Actualización, y no haya mediado violencia, así como quienes cometieron el delito de posesión de mariguana sin fines de comercio”.

Esta reforma se fue acompañada con las nuevas Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, que también fueron aprobadas y enviadas al Ejecutivo, para su promulgación y publicación .

La primera de éstas establece, entre muchas otras modalidades, las penas y formas de castigo que deben aplicarse a jóvenes que tengan 12 años cumplidos y menos de 18, con el fin de asegurar su readaptación y reinserción social tras su liberación.

EN SENADO DAN SÍ A INTERVENIR TELÉFONOS, GEOLOCALIZACIÓN...

El pleno del Senado aprobó por mayoría y con cambios los dictámenes que modifican diez leyes y códigos de la llamada la miscelánea penal, y devolvió el paquete a la Cámara de Diputados para la discusión y votación de estas modificaciones.

Las reformas que se avalaron corresponden, entre otras, a: Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley de Amparo, entre otras.

La legislación aprobada autoriza intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares y la obligación de resguardar la información de las telecomunicaciones cuando se trate de casos de secuestro.

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