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Anuncian gobernadores fronterizos frente común contra política migratoria de EU

En la reunión participaron los mandatarios Claudia Pavlovich de Sonora, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Vega de Baja California, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y el anfitrión, Javier Corral.
Corresponsal Alfonso Cruz 
13 septiembre 2017 23:35 Última actualización 13 septiembre 2017 23:36
Migrantes (Cuartoscuro)

Migrantes (Cuartoscuro)

CHIHUAHUA.-  Gobernadores de los estados de la frontera norte de México, anunciaron un frente común en contra de las deportaciones, la suspensión del programa DACA y las modificaciones previstas al Tratado de Libre Comercio, que impactará económicamente en sus regiones en caso de concretarse.

Lo anterior durante la reunión de gobernadores fronterizos, sostenida en esta ciudad por los mandatarios Claudia Pavlovich de Sonora, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Vega de Baja California, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y el anfitrión, Javier Corral.

En su postura, reclamaron además el escaso apoyo del gobierno federal mexicano, en los diversos fondos enfocados a la atención de los migrantes repatriados al país, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 muestra una reducción en 263 millones de pesos solo para Chihuahua.

La misma suerte corrieron los recursos correspondientes al Fondo para Fronteras, cuyo recorte también en el último año fue de 144 millones 256 mil 617 pesos en Chihuahua y 850 millones de pesos en conjunto entre los demás estados de la región.

“Los estados de la frontera norte siempre hemos resguardado a la nación mexicana y somos solidarios anfitriones de nuestros compatriotas que regresan de Estados Unidos u otros estados a trabajar, pero las amenazas de Donald Trump continúan latentes”, agregó Corral.

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump, al dar marcha atrás a la vigencia del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que protegía a indocumentados que llegaron como menores de edad y cuya población se estima en 600 mil mexicanos se hizo como medida de presión para renegociar el TLC.

Por eso, el Ejecutivo chihuahuense insistió en la demanda a la federación, para que sea consciente de las características y retos particulares enfrentados por la frontera norte de México y aumente sustantivamente los fondos para Fronteras y el Apoyo a Migrantes (FAM).

Cabeza de Vaca dijo por su parte, que aunque no se ha dado aún la deportación masiva de los “dreamers” beneficiarios del DACA, un objetivo trazado en este frente de gobernadores fronterizos, es precisamente prepararse ante ese escenario, pero también requieren del apoyo para recibirlos de manera adecuada, pues si hay entidades afectadas por las decisiones tomadas desde el centro del país, son las que gobiernan.

“En las modificaciones hechas hace unos años como homologar el IVA en la frontera, fuimos afectados y una de las acciones fue asignar un recurso poco flexible”, explicó el gobernador tamaulipeco, “representamos a estados que no son expulsores, sino receptores y por eso requerimos más dinero, para ofrecer trato digno”, sostuvo.

Pavlovich precisó que se han hecho esfuerzos con sus homólogos y senadores del otro lado de la frontera, que también han emprendido acciones en contra de las decisiones del presidente Trump, quienes cabildean apoyo para aquellos “dreamers” que quieran quedarse allá.

“Nosotros representamos a la puerta de enfrente del país, por eso deseamos estar en las negociaciones en estos temas tan delicados”, abundó por su parte Jaime Rodríguez Calderón.

La propuesta del “bronco”, fue en el sentido de apurar a los legisladores a que hagan las modificaciones a la ley de seguridad interior que beneficiaría a todo el país, para dar facultades al ejército mexicano de intervención en temas de seguridad pública, ante el enorme déficit de agentes policiacos que hay en todos los estados del país.

Vega lo secundó, al señalar que existe la urgente necesidad de definir este tema, donde debe incluir el mando único que complemente al nuevo sistema de procedimientos penales, en lo referente a la posesión de armas de fuego y explosivos.