:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/54O4GKDKFSUZSJW7O5HDI3Q7AU.jpg)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la ministra Margarita Luna Ramos, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena contra reforma a la Constitución Política del estado de Sonora, aprobadas el pasado 8 de agosto mediante la llamada Ley 288.
Este recurso se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR el 13 de septiembre pasado ante el Tribunal Constitucional, misma que aún se encuentra en trámite.
En la demanda promovida en contra, los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sonora, impugna los artículos 31, párrafo tercero y 140 párrafos tercero, fracción VI y cuarto de la Constitución Política de la entidad.
Según Morena, dichos preceptos otorgan nuevas facultades al Ejecutivo en materia de presupuesto y veto, y restringen la representación legislativa de coaliciones y candidaturas comunes.
Al admitir la demanda, la ministra acordó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, para que rindan su informe dentro del plazo de seis días y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones.
Para integrar debidamente el expediente, requirió también al Poder Legislativo estatal copia certificada de los antecedentes de la norma impugnada, incluyendo iniciativas, dictámenes de comisiones, actas de sesiones en las que se hayan aprobado, y en las que conste la votación, así como los diarios de debates.
Acordó además dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) con copia simple del escrito y anexos presentados en la presente acción de inconstitucionalidad para que, antes del cierre de instrucción, formule el pedimento que le corresponde.
La Ley 288, avalada por 57 de 75 ayuntamientos de Sonora, otorga nuevas facultades a la gobernadora Claudia Pavlovich como inconformarse con el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.
La gobernadora ha manifestado que esperará a la que la Suprema Corte resuelva, pero ha celebrado la aprobación de dicha reforma pues advierte que con ella se ha eliminado el fuero para diversas autoridades, entre ellos, funcionarios del gobierno y diputados.