Abogados de Morelos denuncian a diputados que aprobaron reformas 'a modo'

El Foro Morelense de Abogados interpuso una denuncia de hechos en contra de los diputados que aprobaron las 'pensiones de oro', por los delitos de ejercicio ílicito, uso indebido del servicio público y coalición de funcionarios, en virtud de las diversas reformas aprobadas en las últimos días del segundo periodo ordinario de sesiones.

El representante del gremio, Pedro Martínez Bello, explicó que entre las reformas que generan un agravio a la población morelense está la jubilación a los secretarios de despacho, Jorge Michel Luna de Hacienda; la de Educación, Beatriz Ramírez, así como a funcionarios del gabinete de Graco Ramírez que cuentan con escaso tiempo de antigüedad y que se pensionaron con 40 años de edad y 50 mil pesos al mes.

Otro de los perjuicios a la sociedad, explicó el litigante, es haber otorgado facultad al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para designar al fiscal anticorrupción, aun cuando se trata de una instancia especializada e independiente, cuyo nombramiento debe ser independiente a los órganos de poder.

"Además crearon dos plazas en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) de forma innecesaria, creando una mayor carga presupuestal al estado; nombrando además a personas con claros conflictos de intereses, como son familiares de diputados", añadió el abogado.

Asimismo ampliaron las facultades de Carmona Gándara, quien tendrá a su mando el Centro de Control y Confianza C3, el Centro de Justicia para las Mujeres y el Centro de Justicia para niñas, niños y adolescentes cuando estos, al ser programas de prevención, le corresponden a la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

"Es decir, por qué le están dando tantas facultades al fiscal general si a partir de la fiscalía pretendieran blindarse; además lo hicieron sin presentar proyecto alguno que lo justifique, aunado a que aprobaron un incremento a más del doble del presupuesto anual, como al sueldo vitalicio tanto al fiscal general como a los demás fiscales", detalló el jurista.

Y es que los diputados de la LIII incrementaron de 330 millones de pesos a más del doble, es de 710 millones anuales, mismo que no se justifica por caracer de proyecto que lo avale. Además se aumentó el presupuesto anual al Tribunal de Justicia Administrativa, con el que ampliaron a dos magistraturas anticorrupción, cuya necesidad, dijo, no es imepriosa.

En este último caso, diputados opositores señalaron que se pretendía designar como magistrados del TJA al esposo de la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta y a la esposa del secretario de Gobierno, Anahí Bahena López, dandóles mayores ventajas en la participación para ocupar los cargos.

Pedro Martínez añadió el caso de la reorientación de los recursos que se recaudan a través del impuesto al hospedaje y el impueso a la nómina, que extingue los fideicomisos de promoción turística, así como el de compatitividad y desarrollo económico.

Esto, dijo, podría provocar un fallo del juez de control al grado de inhabilitar o destituir a los diputados, porque esta situación conlleva responsabilidad.

"Por todo, hemos venido a presentar la denuncia a 29 de los 30 diputados, a excepción del diputado Jesús Escamilla, y de esta manera ver la respuesta del fiscal (Uriel Carmona) para ver si está puesto por el gobernador o esté usando alguna protección de impunidad a los diputados", concluyó.