CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, insistió en que el gobierno no puede aceptar la valoración del relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien en su informe consideró esta práctica como una "situación generalizada" en México, por la implicación que tiene en derecho internacional y que podría colocar al país en tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad.
No obstante, dejó en claro que México continuará abierto al escrutinio internacional en derechos fundamentales.
En conferencia de prensa, el funcionario aclaró que más que temor por ser enjuiciado en tribunales como la Corte Penal Internacional, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le preocupa que no exista una valoración objetiva de la situación de los derechos humanos en México y de los esfuerzos que se están haciendo para mejorar en la materia.
"El adjetivo (de situación generalizada), tiene un significado muy preciso en derecho internacional que tiene que ver con situaciones en donde existe una política de Estado de violación a los derechos humanos en un contexto de ataque generalizado de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa, algo a lo que nos oponemos porque en modo alguno se puede decir que las instituciones no funcionan o que no están en un tránsito hacia mejores estándares como es el caso del sistema de impartición de justicia, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales que han sido reconocidas por el Estado en todo momento", destacó Gómez Robledo.
Dijo que incluso la inmensa mayoría de las recomendaciones que el relator Méndez hizo en su informe, están siendo atendidas desde hace ya varias semanas en diversas instancias del gobierno, en particular la PGR.
"Desde luego, un informe de esa naturaleza que es público con el valor que se le asigna a todos los reportes que emanan de una autoridad reconocida como es el Consejo de Derechos Humanos, aunque sea la responsabilidad individual de un relator, que tiene de alguna manera la cobertura del consejo que fue quien lo nombró, pues evidentemente incide negativamente en la valoración que se haga en el exterior y adentro también desde luego de la situación que vive México", añadió.
El funcionario destacó asimismo que pese a la discrepancia, nuestro país continuará informando al Consejo de Derechos Humanos sobre los avances en nuestro país, así como el diálogo con todos y cada uno de los mecanismos regionales y mundiales en la materia.
"El relator en su informe al final señala que el peligro más latente está entre el momento de la detención y el momento de la puesta a disposición, lo que es muy distinto a decir que se trata de una situación generalizada la cual equivaldría entonces a decir que se comete en las 32 entidades federativas, en los tres órdenes de gobierno y en todo momento del proceso, desde la detención hasta la sentencia firme y luego cuando se está purgando sentencia. Eso es lo que creemos debió haber sido dicho en términos más equilibrados y objetivos", dijo.