BRASILIA.- El proceso en el Congreso de Brasil para someter a juicio político a la presidenta, Dilma Rousseff, deberá empezar de cero, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) anulara la comisión parlamentaria creada el 8 de diciembre para investigar a la mandataria por cargos de corrupción.
Seis de los 11 magistrados se pronunciaron por invalidar la votación secreta, mediante la cual se había creado la comisión legislativa, que analizaría la viabilidad jurídica del proceso de "impeachment" contra Rousseff, paso previo al voto en el plenario del Congreso.
El STF determinó que no se siguió el protocolo necesario para un juicio político, por lo que el Congreso deberá votar de nuevo la creación de dicha comisión, ahora con respeto a la proporcionalidad de los partidos políticos.
Según lo estipulado, cada representante de los partidos propondrá a los diputados candidatos para intregrar la nueva comisión.
Esto representa una victoria para Rousseff, quien por medio de sus aliados había recurrido al STF para que estableciera el protocolo a seguir durante el proceso, diferente al promovido por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, su enemigo político.
Esta resolución ocurre un día después de que el juez Luiz Edson Fachin, integrante del STF, había validado el proceso y la creación de la comisión parlamentaria por considerar que se había ajustado a derecho y respetaba la Constitución.
DECISIÓN FINAL
Otra decisión del Supremo y que podría beneficar a la mandataria es que le otorga al Senado la potestad de decidir sobre el eventual juicio político, y no al Congreso.
Esa decisión, golpea a la oposición a la presidenta que debe tener el apoyo de más de dos tercios en las cámaras para conseguir el cese de la presidenta.
Con la decisión del STF, el proceso de juicio promovido por Cunha volverá a la fase inicial, por lo que sólo se conocerá el eventual desenlace del proceso en febrero próximo, por las vacaciones de Navidad y Fin de Año en el Parlamento.
El argumento jurídico para el "impeachment" se fundamenta en el supuesto incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de Dilma Rousseff, a quien la oposición acusa de actos de corrupción.