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Si Colombia quiere paz deberá integrar  guerrilleros
a la sociedad: Expertos 

Expertos dicen que empresas privadas deberían considerar emplear a antiguos combatientes para que la paz en Colombia sea duradera y los ayuden a readaptarse a la sociedad. 
Reuters
23 junio 2015 0:9 Última actualización 23 junio 2015 5:0
Un grupo de exguerrilleros platicando en una granja de de rehabilitación. (Reuters)

Un grupo de exguerrilleros platicando en una granja de de rehabilitación. (Reuters)

MEDELLIN, COLOMBIA.- Cada vez que el ruido de un avión interrumpe su sueño, Jessica Quintero se despierta asustada, se lanza al piso y se esconde debajo de su cama para protegerse de esos bombardeos de las Fuerzas Armadas en la selva de Colombia que quedaron grabados a fuego en su memoria.

Quintero, que al igual que otros desmovilizados pidió cambiar su nombre por razones de seguridad, se sumó voluntariamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando tenía 13 años, imitando a sus 11 hermanos que ya se habían incorporado a la guerrilla más antigua de América Latina en una lejana zona rural del noroeste del país.

Luego de tres años de soportar las dificultades de la selva, bombardeos y maltratos dentro de la guerrilla, desertó como lo han hecho miles en la última década y ahora busca cambiar de vida con otros 60 jóvenes en un centro de rehabilitación apoyado por el Gobierno, donde estudia para convertirse en enfermera.

Pero su pasado la persigue todos los días. Por un lado, teme que sus antiguos compañeros la encuentren y la asesinen por haber desertado, y por el otro, tiene miedo de convertirse en una paria para la sociedad por su paso por la guerrilla.

"No estoy preparada para decir de dónde vengo", dijo Quintero, de 18 años, mientras otros jóvenes jugaban ping-pong en un albergue situado en un sector de clase obrera de Medellín.

"Siento miedo al rechazo, a la discriminación, que me traten mal por haber pertenecido a un grupo armado".

Su historia muestra lo compleja que será la reinserción de miles de combatientes si las negociaciones de paz entre Gobierno del presid ente Juan Manuel Santos y la FARC llegan a buen puerto y logran poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220 milmuertos y millones de desplazados.

Los retos que implica la reincorporación de combatientes son enormes no sólo por la cantidad de involucrados, el financiamiento, los traumas psicológicos y la tentación de regresar a las armas, sino por la resistencia de un amplio sector de la sociedad que rechaza a la guerrilla.

"Quiero la paz. Pero no estoy dispuesta a compartir con los guerrilleros que dejen las armas. No me gustaría que vivieran a mi lado ni que sus hijos jugaran con los míos porque tienen un pasado violento, hicieron cosas malas y pueden ser peligrosos", dijo Adriana Jiménez, una odontóloga de 38 años en Bogotá.

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Exguerilleros

Trabajan en granjas y centros de readaptación 

Guerrilleros. (reuters)

EL RIESGO DEL FRACASO

Santos, que ha hecho de la búsqueda de la paz su principal bandera de Gobierno, no ve en la desmovilización masiva un problema insalvable. "Este proceso no nos va a sorprender, estamos totalmente preparados".

El Gobierno muestra a su favor la experiencia con los 57 mil ex combatientes que se reintegraron a la vida civil en los últimos 12 años, incluidos más de 30 mil  integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Sin embargo, cientos de antiguos paramilitares abandonaron el proceso y regresaron a las selvas y montañas para empuñar las armas como parte de bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

"Muchos van a tener la tentación de regresar por el amor a las armas y a los uniformes", dijo Jonathan Lucumí, de 19 años.

Lucumí admitió que delegados de estas bandas, consideradas como la principal amenaza para seguridad de Colombia, buscan a jóvenes como él a cambio de sumas de dinero que superan el salario mínimo que recibirían en cualquier empresa.

"Los antiguos miembros de las FARC son atractivos para las bandas criminales porque saben y pueden manejar una arma", dijo Olga García, quien trabaja en un programa que ayuda a los exguerrilleros a su transición a la vida civil y supervisa cursos de mecánica, carpintería, electricidad y confecciones.

El Gobierno sostiene que el "dividendo de la paz", es decir la firma de un acuerdo y el abandono de las armas de miles de combatientes aportarían un crecimiento adicional de dos puntos porcentuales anuales a la cuarta economía de América Latina.

Pero un estudio de las universidades de La Sabana y Javeriana, junto al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, advirtió que un fracaso podría llevar a "la paradoja de la paz", si la economía es incapaz de absorber la mano de obra desmovilizada de las FARC, lo que podría aumentar la criminalidad en el país, como sucedió en Centroamérica.

Expertos consideran que la situación podría evitarse si las empresas privadas emplean antiguos combatientes y el 83 por ciento de las firmas con sede de Bogotá está dispuesto a hacerlo, reveló una reciente encuesta de la Cámara de Comercio.

Compañías como Femsa Coca-Cola vienen participando en el proceso desde hace años.

"Creo que es un momento histórico", dijo Silvia Barrero, vicepresidente de asuntos corporativos de Femsa Coca-Cola que ha ayudado a unos 1.600 ex combatientes de grupos armados ilegales.

"Es responsabilidad de toda la sociedad civil y dentro de la sociedad civil la empresa privada juega un papel fundamental".

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reuters

RETOS A SUPERAR

El Gobierno gasta anualmente 4 millones de pesos en la rehabilitación y reinserción de cada combatiente que abandona las armas, por debajo de los 13 millones de pesos anuales que demanda cada preso en una cárcel, dijo Joshua Mitrotti, jefe de la Agencia Presidencial para la Reintegración.

Mitrotti reconoció que una reintegración exitosa puede demorar más de seis años. "No se trata sólo de reinserción, es la reintegración y la transformación total del individuo".

Pero instituciones independientes, como la de Medellín, dicen que los recursos del Gobierno son limitados y que se necesitan al menos mil 200 dólares mensuales durante tres años, además de decenas de centros de rehabilitación que no existen.

Un alto porcentaje de los combatientes de las FARC son analfabetas, lo que demorará más su proceso de capacitación y de reinserción. Y aunque la mayoría proviene de zonas rurales pobres la opción de regresar a casa y desarrollar labores agrícolas también tiene dificultades en un país que carece de carreteras para que los campesinos transporten sus cosechas.

El cultivo de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, tampoco sería una opción ya que el Gobierno firmó un acuerdo con la guerrilla para erradicarla.

La desmovilización de grupos insurgentes en Colombia ha tenido resultados mixtos. El M-19, que firmó la paz en 1990 se incorporó con éxito y varios de sus dirigentes brillan en la política como Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, mientras que los excombatientes rasos fueron empleados por el Gobierno.

Antonio Navarro, un antiguo líder del M-19 y un respetado senador de izquierda, pidió al Gobierno emplear a los combatientes que abandonen las armas tras la firma de un acuerdo de paz para evitar que regresen a los grupos armados.

"Hay muchas experiencias de malos procesos de posconflicto que terminan reemplazando una violencia por otra", aseguró.

Y los retos no se acaban ahí. Otro riesgo para los ex combatientes es la posibilidad de que aparezcan grupos de extrema derecha o personas que quieran cobrar venganza por los crímenes de la guerrilla.

Unos cinco mil miembros de la Unión Patriótica (UP), fundada en 1985 tras un fallido proceso de paz con las FARC, fueron asesinados por paramilitares en una campaña de exterminio. El postconflicto y la transición a la vida civil de la guerrilla podrían estar marcados por una estela de sangre y muerte.

"No ha habido un proceso de paz en Colombia en el que no terminen muertos dirigentes de las guerrillas o miembros de los partidos políticos que se crean" dijo Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático, hijo del legislador de la UP Manuel Cepeda, asesinado a tiros por paramilitares en 1994.