A lo largo de gobiernos de presidentes republicanos y demócratas, el principal fiscal federal en la frontera de California con México se ha resistido a actuar contra las personas sorprendidas por primera vez al ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y en lugar de ello ha preferido enfrentar a traficantes y delincuentes reincidentes.
Sin embargo, esa postura podría estar cerca de finalizar con Donald Trump en la presidencia.
La nueva directriz fronteriza del secretario de Justicia Jeff Sessions deja entrever que los fiscales de California, Arizona, Nuevo México y Texas tendrán que apegarse más a las órdenes federales.
El funcionario indicó que cada uno de ellos debería sopesar aplicar cargos por delitos graves a cualquier persona que sea declarada culpable en dos ocasiones de ingresar ilegalmente al país, además de desarrollar planes para acusar de delitos menores a los que incurran en la práctica por primera ocasión, con sentencias de hasta seis meses de cárcel.
A menudo el presidente y el secretario de Justicia fijan extensas prioridades para los 94 fiscales federales designados por el Departamento de Justicia, y les otorgan un amplio margen de maniobra. Los fiscales de Texas, Nuevo México y Arizona han adoptado una postura más cercana a los requerimientos de Sessions.
No así el distrito sur de California, que abarca cerca de 224 kilómetros (140 millas) de frontera desde San Diego hasta Yuma, Arizona.
El gobierno federal encausó 639 casos de ingreso ilegal en California en el año fiscal de 2016, en comparación con 19 mil 037 en el distrito sur de Texas y 14 mil 567 en el distrito occidental de ese mismo estado, de acuerdo con la Cámara de Compensación de Acceso a Registros de Transacción de la Universidad de Syracuse. El sur de Texas es el corredor con mayor número de ingresos ilegales, pero eso por sí solo no justifica la enorme disparidad.
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Peter Nunez, el principal fiscal federal en el distrito entre 1982 y 1985 y quien cree que el cambio debió hacerse hace tiempo, dijo que Trump es el primer presidente desde Dwight Eisenhower en la década de 1950 en dar prioridad máxima al ejercicio de las leyes migratorias, y que los fiscales federales "no podrán ignorar eso".
Los casos migratorios ya componen cerca de la mitad de los arrestos en las cortes federales a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros (2 mil millas) de frontera con México. Es posible que cualquier incremento encuentre la oposición de jueces y fiscales de California.
James Stiven, un juez federal jubilado de San Diego, dijo el año pasado ante la Comisión Federal de Sentencias que el distrito fronterizo de California elige sus casos minuciosamente "preservando recursos a lo largo del sistema de justicia penal federal, en lugar de desperdiciarlos con postura de 'tolerancia cero' que no han probado su eficacia".
Sobre el cambio que planteó Sessions el martes, Stiven señaló: "No imagino que los jueces le darían un buen recibimiento".