Roxana González García
El gobierno de México enfrenta una nueva batalla legal en Estados Unidos para evitar que Édgar Tamayo Arias sea ejecutado el 22 de enero en Harris, Texas, a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que desde el año 2004 ordenó a ese país revisar los procesos de 5l connacionales, incluido Tamayo, cuyos derechos consulares establecidos en la Convención de Viena fueron violados durante la etapa de acusación, como lo reconoció la propia Suprema Corte norteamericana en el denominado Caso Avena.
En entrevista con El Financiero, Reyna Torres Mendivil, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la cancillería, aseguró que se agotarán todos los recursos disponibles para lograr que el gobierno estatal de Texas cumpla con la obligación internacional e impida la aplicación de la sentencia contra Tamayo, quien ha pasado 19 años en prisión por el asesinato de un policía en Houston.
De lo contrario, advirtió, Texas estaría cerrando las puertas para los estadounidenses que puedan enfrentar sentencias similares en otros países. El equipo de abogados de Tamayo, encabezado por Sandra L. Babcock, admitió por su parte que el tiempo se agota para el connacional, cuya esperanza de salvar la vida se deposita por ahora en la aprobación en el Congreso estadounidense de una ley de aplicación, que facultaría a los tribunales estatales para llevar a cabo la reconsideración de los expedientes de los mexicanos incluidos en el Caso Avena.
"Es un tema delicado en la agenda legislativa y muchos de los congresistas no lo entienden como tal y lo asocian al tema de la pena de muerte, que como es sabido divide a los estadounidenses, nuestra esperanza es que la legislación prospere", indicó el despacho de Babcock.
Destacó, sin embargo, que de agotarse las etapas judiciales la defensa recurrirá a la solicitud de aplazamiento de la ejecución, así como a la Junta de Perdones de Texas o al mismo gobernador republicano, Rick Perry.
Además, detalló, se buscaría el apoyo del presidente Barack Obama y de los gobiernos de otros países.
Las autoridades de Texas se han negado a cumplir con el fallo de la CIJ y han ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su veredicto: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, en julio de 2011. Diez más de los 51 incluidos en el Caso Avena se encuentran en la entidad de la estrella solitaria, en espera de que se dicte fecha para su ejecución.
México ocupa el primer lugar de condenados a la pena capital ––que en Texas se efectúa mediante una inyección letal–– en la Unión Americana, donde 61 connacionales languidecen en los llamados "pabellones de la muerte" aguardando la fecha de su ejecución. En 968 casos más se ha evitado que ciudadanos mexicanos sean sentenciados a ese castigo en EU desde el año 2000, cuando la cancillería creó el Mexican Capital Legal Assistance Program.
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