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Procesan por corrupción a expresidenta Kirchner

Juez la acusa de asociación ilícita en la asignación de obras públicas a un amigo. La exmandataria niega los cargos y acusa al gobierno de ser una dictadura.
AFP 
27 diciembre 2016 19:59 Última actualización 28 diciembre 2016 5:0
Cristina Fernández de Krichner, expresidenta de Argentina.

Cristina Fernández de Krichner, expresidenta de Argentina.

BUENOS AIRES.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada ayer por presunta asociación ilícita luego de que un juez consideró que manipuló licitaciones de obras públicas para favorecer a un amigo empresario y cobrar a cambio millonarios sobornos.

El juez Julián Ercolini dio a conocer el procesamiento que complica todavía más la situación judicial de la exmandataria a quien, además, le dictó un embargo por 10 mil millones de pesos (unos 625 millones de dólares), suma que no responde a la dimensión de los bienes de Cristina sino a la cantidad de los fondos investigados.

Ercolini también procesó al exministro de Planificación, Julio de Vido, encargado de las obras públicas durante los 12 años de mandatos de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, quien gobernó entre 2003 y 2015.

La lista de acusados se complementa con Lázaro Báez, el empresario presuntamente favorecido y José López, exsecretario de Obras Públicas, ambos actualmente presos, y Carlos Santiago Kirchner, primo del exmandatario.

De acuerdo con el juez, el matrimonio Kirchner convirtió a su amigo Báez en un próspero constructor y beneficiario de la obra pública, lo que le permitió crear un emporio empresarial en la patagónica provincia de Santa Cruz y expandirlo al resto del país.

Desde que comenzó a recibir los millonarios contratos por parte del Estado, Báez aumentó su fortuna en 12 mil 127 por ciento, aunque actualmente la mayoría de sus cuentas y propiedades está embargada por la justicia.

Según el fallo de Ercolini, así se diseñó “un esquema de beneficios exclusivos a favor de la empresa Austral, propiedad de Báez, en detrimento de las arcas del Estado”.

Agregó que los expresidentes enriquecieron “a una persona de su confianza”, o sea Lázaro, a través de la canalización de fondos públicos por unos tres mil 300 millones de dólares, otorgados de forma discrecional y sin cumplir con las normas legales.

Gobiernos de facto

La exmandataria no tardó en reaccionar en su cuenta de Twitter en la que escribió: “Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto, utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”.

Además reiteró que el gobierno de Mauricio Macri, al frente de una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos, entre ellos una recesión que hunde el producto bruto interno (PIB) en 2.4 por ciento en lo que va del año.

“¿Procesará también al 46 por ciento y al 54 por ciento que nos votaron en el 2007 y en el 2011?”, Agregó Cristina.

La sospecha de los fiscales que fue plasmada por el juez, es que en realidad Báez les pagaba a los Kirchner “retornos” de los millones que recibía por las obras públicas que le adjudicaban de manera irregular.

Para sustentar la acusación, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques denunciaron que entre 2003 y 2015, Baéz obtuvo la licitación de 49 millonarios proyectos públicos, pero solo terminó dos.

El procesamiento permite al magistrado, si lo considera necesario, impedir la salida de la exmandataria del país e incluso dictarle prisión preventiva.

Segundo caso

El caso es emblemático porque el juez impulsará a su vez otras causas judiciales en las que se investigan los presuntos delitos cometidos por los Kirchner junto con Báez.

Este es el segundo procesamiento judicial contra Cristina desde que dejó el poder, en diciembre de 2015. Pero es el primero vinculado a una causa por corrupción. En otro caso, la justicia investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central.