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Políticas de Trump envuelve a jueces de inmigración

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración defendió su trabajo, especialmente cuando tienen casos de asilo que pueden ser decisiones de vida o muerte para los solicitantes.

LOS ÁNGELES.- La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha separado más de 2 mil niños migrantes de sus padres, ha empujado a los jueces al centro de una polémica.

El Gobierno anunció que los jueces, que son abogados contratados por el Departamento de Justicia, deben de tener una producción mínima.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha reducido las condiciones bajo las cuales los migrantes pueden solicitar asilo, que podría afectar muchos casos de centroamericanos.

La semana pasada, Trump cuestionó por Twitter si se necesitan jueces para estos casos, diciendo: "cuando alguien llega, debemos de devolverlos inmediatamente, sin jueces ni procesos judiciales, por donde vinieron".

El presidente también arremetió hace poco contra una propuesta en el Congreso que pide contratar más jueces de inmigración para reducir la pila de casos atrasados, y comentó que la contratación de más jueces conllevaría a 'chanchullo'.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración emitió un comunicado resaltando la importancia de sus trabajos, especialmente cuando tienen que considerar casos de asilo que pueden ser decisiones de vida o muerte para los solicitantes que enfrentan persecución en sus países de origen.

"Estas no son cortes para multas de tránsito. Un error en un caso de asilo puede resultar en cárcel, tortura o sentencia de muerte", explicó la jueza A. Ashley Tabaddor, presidenta de la asociación, en un comunicado.

La organización se opone a la producción mínima, por temor a que los jueces agilicen las audiencias para tratar de proteger sus empleos.

Los jueces desde hace mucho tiempo desean desligarse del Departamento de Justicia para tener mayor independencia de la política migratoria de cada Gobierno, y ahora quieren esto más que nunca, dijo Tabaddor.

"Desafortunadamente, pensamos que este Gobierno ha inflamado la situación", agregó en una entrevista telefónica. "En ningún otro momento nos hemos sentido totalmente obligados a pedir que nos retiren del departamento lo más pronto posible".

James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para Revisiones Migratorias, ha dicho que el Departamento de Justicia se asegura de que las cortes tengan acceso a recursos. Él cree que los jueces pueden ser justos y manejar casos rápidamente a la vez que tratan de reducir la lista de casos atrasados.

Hasta marzo había casi 700 mil casos atrasados en las cortes de inmigración, incluyendo 76 mil casos de niños detenidos en la frontera sin compañía de adultos. Conseguir una audiencia puede tomar meses y lograr una decisión, años.

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